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- Mis à jour : 21 février 2015
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CATALUÑA 2
Pacto de San Sebastián (El Sol, 18 de agosto de 1930)
Pacto de San Sebastián (1930)
Pacto de San Sebastián
Las izquierdas españolas firman lo que será llamado «Pacto de San Sebastián». Instauración de la República y autonomías regionales son los acuerdos más destacados.
San Sebastián, 18 (10 m.).- Ayer, a mediodía, acudieron al hotel de Londres representantes de los distintos partidos republicanos españoles y después de almorzar se reunieron en los locales de la Unión Republicana.
La reunión duró desde las cuatro hasta las cinco y media, y se distinguió por la coincidencia fundamental en las cuestiones autonómicas, electoral y revolucionaria.
Al terminar, los reunidos se negaron a hacer manifestaciones concretas, limitándose a referirse a la siguiente
Nota oficiosa
«En el domicilio social de Unión Republicana y bajo la presidencia de D. Fernando Sansisin, se reunieron esta tarde don Alejandro Lerroux y don Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; don Marcelino Domingo, don Alvaro de Albornoz y don Angel Galarza, por el partido republicano radical socialista; don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura, por la derecha liberal republicana; don Manuel Carrasco Formiguera, por la Acción Catalana; don Matías Mallol Bosch, por la Acción Republicana de Cataluña; don Jaime Ayguadé, por el Estat Catalá, y don Santiago Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega, entidades que, juntamente con el partido federal español -el cual, en espera de acuerdos de su próximo Congreso, no puede enviar ninguna delegación-, integran la totalidad de los elementos republicanos del país.
»A esta reunión asistieron también, invitados con carácter personal, don Felipe Sánchez Román, don Eduardo Ortega y Gasset y don Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir don Gregorio Marañón, ausente en Francia, y de quien se leyó una entusiástica carta de adhesión en respuesta a la indicación que con el mismo carácter se le hizo.
»Examinada la actual situación política, todos los representantes concurrentes llegaron en la exposición de sus peculiares puntos de vista a una perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente confirmada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas.
»La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras que en el acto previo de hoy no estuvieron representadas para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que sin desmayos pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político.»
Otros pormenores
San Sebastián, 18 (9 m.).- A pesar de la reserva guardada por cuantos asistieron a la reunión de las izquierdas, hemos podido obtener alguna ampliación a los puntos de vista recogidos en la nota oficiosa facilitada a la Prensa.
El problema referente a Cataluña, que es el que más dificultades podía ofrecer para llegar a un acuerdo unánime, quedó resuelto en el sentido de que los reunidos aceptaban la presentación a unas Cortes Constituyentes de un estatuto redactado libremente por Cataluña para regular su vida regional y sus relaciones con el Estado español.
Este acuerdo se hizo extensivo a todas aquellas otras regiones que sientan la necesidad de una vida autónoma.
En relación con este mismo problema se defendió en la reunión que los derechos individuales deben ser estatuidos por las Cortes Constituyentes, para que no pueda darse el caso de que la entrada en un régimen democrático supusiera un retroceso en las libertades públicas.
Tanto para las Cortes Constituyentes como para la votación del estatuto por las regiones se utilizará el sufragio universal.
Los reunidos se mostraron en absoluto de acuerdo en lo que se refiere a la acción política solidaria.
El Sol, 18 de agosto de 1930
"El momento actual" (Francesc Cambó, La Veu de Catalunya, 15 de febrero de 1931)
Francesc Cambó (Ignacio Zuloaga)
© colección Cambó, Barcelona
El momento actual
España, no desde ayer, sino desde hace algunos meses, da a los ciudadanos -y aún más a los extranjeros- la sensación de encontrarse en una situación prerrevolucionaria.
Todos los elementos de disolución política y social actúan con desenfrenada actividad. Y muchos de ellos, porque no viven otro mundo ni respiran otro ambiente que el que ellos mismos conforman, creen de buena fe que su hora ha llegado.
El Gobierno del general Berenguer, integrado por hombres buenos y, aún más, algunos dotados de excelsa inteligencia, hace mucho tiempo que viene dando, con creciente acentuación, la sensación de que no eran ellos quienes preveían y dirigían los acontecimientos, sino que constituían un sencillo juguete... de los hombres que los provocaban. Al faltarle al Gobierno una orientación, no se dotaba al país de lo que la inmensa mayoría deseaba: sentirse orientados y dirigidos.
La aristocracia y la alta burguesía dan hoy, por todas partes, pero especialmente en Madrid, el triste espectáculo que han dado en todos los países en las vísperas de ser expoliadas y extirpadas.
En Rusia, en el año 1917, cuando ya se habían cerrado los cabarets y los restaurantes nocturnos, la aristocracia y la alta burguesía se reunían clandestinamente en el restaurante de la Estación Central, y pasaban toda la noche bebiendo y bailando. Un día, de pronto, se vieron sorprendidos por las primeras descargas del golpe de Estado bolchevique que acabó para siempre con los aristócratas y los burgueses rusos.
El movimiento revolucionario español es mucho más superficial. No es profundo. Ofrece una intensidad mucho menor de la que sería necesario disponer como corolario de una dictadura de más de seis años.
Toda su fuerza radica en las debilidades y ausencias del Gobierno y en las inconsciencias y cobardías de los elementos contrarrevolucionarios.
Y no es que yo crea que el gobierno que necesita España para salvar la crisis actual haya de ser un gobierno de fuerza, un gobierno duro que pretenda imponerse por la violencia. ¡Nada de eso!
Cuando el espíritu revolucionario se traduce en actos revolucionarios, cualquier gobierno, de derecha o de izquierda, conservador o socialista, o bolchevique, se defiende por la fuerza y con la fuerza. Pero en España no se trata de nada de todo eso. La inmensa, la inmensísima mayoría del país no quiere revolución ni quiere dictadura, ni quiere que volvamos al viejo régimen. Quiere, simplemente, sentirse gobernada como lo son los ciudadanos franceses, ingleses, escandinavos y belgas. Por una democracia de verdad, que no se asuste ante el enunciado de las reformas, pero que las examine todas antes de aceptarlas. Que no tolere coacciones ni violencias de nadie, ni de las masas obreras ni de las coaliciones plutocráticas. Un gobierno en el que los intereses protegidos por la ley tengan la defensa del gobierno. En el que todos los ideales sepan que conquistando las conciencias pueden convertirse en realidad, pero que también sepan que no se someterán a ninguna violencia, ni de palabra ni de hecho. Que sus intereses de corporación o de clase serán atendidos debidamente y resueltos con espíritu de estricta justicia.
Hoy, en muchas provincias españolas parecen síntomas de un intenso despertar regional que interesa mucho más que todas las veleidades revolucionarias. Hoy son muchos los españoles que saben que la revolución puede llevar a las mayores catástrofes y significar un terrible retroceso para nuestro progreso espiritual y material
No hace mucho hablaba yo con uno de los organizadores de la revolución portuguese [sic] y me confesaba que en el momento actual, cuando hay una potencia bárbara, como Rusia, que no piensa en otra cosa que en extender a los pueblos del centro y del occidente de Europa la miseria de sus masas y el furor de sus dirigentes, no participaría en un movimiento revolucionario que podría significar la pérdida de todas las esencias de refinamiento y civilización que debemos a las influencias griega y romana.
Un ejemplo decisivo de lo que digo se encuentra en el estado de espíritu que presentan actualmente Madrid y Barcelona. Barcelona, y con ella toda Cataluña, ha sido siempre el punto neurálgico de la vida española. Aquí han surgido todos los grandes movimientos de opinión porque aquí el movimiento de ciudadanía es mucho más vivo y se extiende a capas sociales más amplias.
Y aquí, en Barcelona -como en toda Cataluña-, donde incluso el sentimiento republicano posee una larguísima tradición nunca interrumpida, el espíritu revolucionario se siente asfixiado por el ambiente, en plena vibración ciudadana, sacudido por grandes ideales... pero que no ve en la revolución el camino necesario para su triunfo.
En Madrid, por desgracia, esas masas sociales con ideales apasionados y conscientes no existen, y por eso una minoría no contrarrestada por nadie da la sensación de que existe un ambiente revolucionario que en realidad es puro artificio.
Este hecho es una prueba más de la inconsciencia de los gobiernos y de los partidos que observan con terror y procuran combatir con todas las armas la floración de los grandes ideales en las masas. Las masas sin ideales no resistirán nunca el empuje revolucionario de una minoría excitada. La revolución es como las escorzoneras, que solamente brotan en caminos abandonados y sin cultivar. Es con la acción ciudadana activa como se impiden los brotes revolucionarios.
Francesc Cambó, La Veu de Catalunya, 15 de febrero de 1931
"La república se proclama en Barcelona" (La Vanguardia, 15 de abril de 1931)
Proclamación de la República (Barcelona, 1931)
La República se proclama en Barcelona
En las Ramblas
La noticia de los sucesos ocurridos en el Ayuntamiento y plaza de San Jaime, corrió con celeridad eléctrica y tuvo inmediata repercusión en las Ramblas. De todas partes surgían grupos con banderas de los colores republicanos y otras de los colores catalanes -éstas en menor número- y se improvisaban grupos y manifestaciones que corrían de un lado para otro dando vivas a la República. El paso de las banderas era saludado con frenéticas ovaciones y vivas entusiastas. Las manifestaciones iban en direcciones diversas y en muchos lugares de las Ramblas se cruzaban, saludándose los individuos de uno y otro grupo con aplausos.
Muchos balcones de las Ramblas y algunos de la plaza de Cataluña se engalanaron con banderas republicanas y colgaduras de estos colores. Había también algunas de los colores catalanes.
El diario El Matí, que tiene su redacción en la rambla de Canaletas, colocó en sus balcones una bandera catalana, y el semanario La Rambla, otras dos con los colores catalanes y republicanos.
La afluencia de gente en las Ramblas era a las cinco de la tarde extraordinaria, enorme, como jamás se ha visto, y el entusiasmo de que se hallaba poseída la gran masa humana, delirante.
La gente joven, entre ella algunas señoritas, tomó por asalto los tranvías, cuyos imperiales se atestaron, y desde ellos tremolaban banderas republicanas y cantaban «La Marselllesa».
Una gran cantidad de automóviles fueron ocupados por entusiastas republicanos y materialmente cubiertos de banderas republicanas y colgaduras de los colores catalanes. El paso de estos coches, que llegaron a sumar centenares, era acogido con ovaciones.
Muchos camiones de carga llevaban también las banderas triunfantes.
Como siempre, el instinto comercial de la gente quiso aprovecharse del gran momento pasional y salieron por las Ramblas a centenares los vendedores de lacitos de los colores republicanos, de retratos de los hombres de la República, de banderolas republicanas, etc.
A la hora de la salida de los despachos y comercios fue formidable la multitud que llenaba las Ramblas, la calle de Fernando y la plaza de San Jaime. Multitud ingente, encendida de fervor entusiasta en su mayoría y contagiada del entusiasmo ajeno los restantes.
A esa hora bajó una manifestación muy considerable que llevaba al frente una bandera y un gran cartel que decía: «Alumnos de la Escuela de Trabajo». En la misma formaban, como es de suponer, gran número de muchachos jóvenes y bastantes señoritas. Su paso provocaba simpatía y entusiasmo y era ovacionado.
Por la noche, hasta cerca de las diez, no cesó la animación y el público, que después se reanudó a las diez y media y continuó hasta la madrugada.
Un telegrama al señor Alcalá Zamora
El nuevo alcalde, señor Companys, apenas se posesionó provisionalmente de la alcaldía, dirigió al señor Alcalá Zamora el siguiente telegrama:
«Esta mañana, a los doce, acompañado de los concejales electos, he requerido al alcalde accidental, señor Martínez Domingo, la entrega de la vara de alcalde y del cargo, lo que ha hecho haciendo constar su protesta.- Le saludo: Companys.»
En la Diputación
Mientras en el Ayuntamiento tenían efecto los hechos relatados, un numeroso grupo penetró en la Diputación y en el balcón principal fue izada la bandera republicana, en medio de grandes aplausos y cantando el público la Marsellesa.
Después colocaron un cartel en los balcones recayentes a la Plaza de San Jaime, en el que se leía:
«El Rey Alfonso ha abdicado. Gobierno provisional. Viva la República.»
También fue colocada en medio de grandes aplausos, en el asta de lo alto del Palacio provincial, la bandera catalana, siendo también aplaudida.
Un grupo descolgó el retrato de una alta personalidad, destrozándolo y quemándolo.
El Gobierno de Cataluña
Terminada el acto en el Ayuntamiento, el señor Maciá, acompañado de los señores Gassol, Aiguadé y Casanovas, se dirigió al Palacio provincial, pasando verdaderos apuros para atravesar por el numeroso público allí estacionado.
En la Diputación sólo se hallaban el secretario particular del presidente y el jefe del ceremonial, señor Rubí.
El señor Maciá, acompañado del señor Gassol salió al balcón provincial y acallados los aplausos con que fue recibido, dijo:
«En nombre del pueblo he tomado possión del Gobierno de Cataluña. Hoy el pueblo nos ha dado su voto para que gobernemos la ciudad, y yo, en nombre de Cataluña, me hago cargo de su gobierno y os digo que aquí nos quedamos dispuestos a defender sus libertades. Espero que el pueblo sabrá hacer lo mismo. De aquí no nos sacarán más que muertos. También os digo que nos hemos de hacer dignos de esta libertad.»
Después habló el señor Gassol, quien dijo que desde entonces Cataluña tenía dos banderas: la catalana y la republicana.
Seguidamente se reunieron en el despacho de la Comisión de Beneficencia y de Sanidad los señores Maciá, Aiguadé, Gassol, Bertrand de Quintana, Escofet y Ragassol.
Llegada del presidente de la Diputación
En aquel momento llegó el presidente de la Diputación, señor Maluquer y Viladot, quien con su secretario, señor Segarra, se dirigió a donde se hallaban los reunidos.
El señor Maluquer, que estaba comiendo cuando recibió las primeras noticias de lo que ocurría, se dirigió a los reunidos y les dijo:
«Vengo a protestar de lo que ha pasado y a exigir que se desocupe esta casa, de la cual yo soy el presidente.»
El señor Maciá le contestó que les había llevado a la Diputación la voz del pueblo y que el señor Maluquer representaba a la Monarquía.
Replicó el señor Maluquer que él ocupaba la presidencia de la diputación por exclusiva voluntad de los diputados y que, por lo tanto, sólo por la fuerza abandonaría su puesto.
El señor Maciá, entonces, puso una mano sobre la espalda del señor Maluquer, y éste se retiró del Palacio provincial.
Proclama.
El señor Maciá y sus amigos pasaron a ocupar seguidamente el despacho presidencial donde volvieron a reunirse y fue dictada la siguiente nota:
«En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán, bajo el régimen de una República catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los otros pueblos de España su colaboración en la creación de una Confederación de pueblos ibéricos y está dispuesta a lo que sea necesario para librarlos de la Monarquía borbónica.
»En este momento hacemos llegar nuestra voz a todos los Estados libres del mundo, en nombre de la Libertad, de la Justicia y de la Paz internacional.- Francisco Maciá.»
Los mozos de la Escuadra
Por el señor Casanovas fue llamado el jefe de mozos de la escuadra, con el que los reunidos sostuvieron una larga conferencia.
El Presidente de la República de Cataluña
En el salón de sesiones del palacio provincial se reunieron bajo la presidencia del señor Maciá los concejales republicanos del Ayuntamiento de Barcelona, los cuales por unanimidad proclamaron presidente de la República catalana al señor Maciá.
La Vanguardia, 15 de abril de 1931
"Mensaje de Maciá" (El Sol, 12 de junio de 1931)
Francesc Macià (1859-1933)
Mensaje de Macià a los diputados de la Generalidad reclamando lo ofrecido por el Pacto de San Sebastián. El Gobierno de Madrid disiente
«Señores diputados de la Generalidad de Cataluña: Sería la realización de mi más íntimo ideal que las palabras pronunciadas en este acto solemne marcasen el limite en la ruta secular de Cataluña hacia la reivindicación de sus libertades. Quisiera que, como expresión vital del despertar de las nacionalidades que se agrupan bajo la República, sintiesen pronto latir con su ritmo peculiar los corazones de los pueblos bajo la carne joven de una nueva Iberia.
»Nunca como ahora este deseo ha aparecido tan cerca de su consecución. La República ha removido el ambiente, dejándolo limpio y puro y aclarando y fijando los sentimientos y el verbo de los hombres, creando así un orden nuevo, en el cual los ideales de libertad triunfan.
»La vida política de nuestro país se encuentra, señores diputados, en su momento culminante; aquel en que espera ver satisfechos sus más puros anhelos tradicionales. Y obtendremos el triunfo de la victoria como eclosión cívica de los más altos sentimientos de libertad.
»Entre el triunfo de nuestra tierra y las circunstancias de este triunfo hay como una significativa lógica de la Historia. Cataluña, la liberal y democrática Cataluña, obtendrá el reconocimiento íntegro de su personalidad de una España renovada, libertada y democrática. Ni podía ser de otra manera, ni fuera razonable ahora que no sucediese así. El primer paso de la legislación constitucional de la República debe ser, y hemos de creer que será, restituir el derecho tradicional al pueblo que ha sido en la historia conjunta de los países hispánicos el primero en liberalidad y democracia.
»Cataluña ha sido profundamente liberal y demócrata, y así aparecía cuando su independencia le permitía presentarse ante el mundo tal cual era, y lo demostró democratizando paulatinamente la estructura feudal que, como pueblo de origen carolingio, tuvo en sus comienzos; y tanto es asi que incluso en los usatges, código feudal, se declaran fuera de ley los excesos del feudalismo y se estructura la constitución política y social de la naciente nacionalidad, hasta el punto de que ellos han podido ser calificados de Carta constitucional de nuestra tierra, el monumento más antiguo y esencial del Derecho público catalán, dictado más de un siglo antes que la Carta Magna de los ingleses.
»En sus relaciones políticas con los países que formaron parte de los dominios de sus monarcas catalanes, existió siempre un espíritu de respeto hacia la libertad de estos pueblos, hasta el punto que o bien constituyeron reinos con vida completamente autónoma o llegaron hasta crear reinos con plena independencia.
»Es digno de hacer notar el hecho de que mientras tuvimos monarcas catalanes, los soberanos y el pueblo marcharon al unísono, como pocas veces se ha visto en la historia; de manera que, hasta alguno de ellos, como Pedro el Ceremonioso, que luchó con los aragoneses y los valencianos, tuvo en todas sus empresas el soporte de Cataluña, que calificó de tierra bendita, poblada de lealtad. Y las hermosas palabras de Martín el Humano, en las Cortes de Pamplona, de 1406, como otras de Pedro el Ceremonioso, nos dan aún una medida de cómo estaba Cataluña iluminada de liberalidad.
»¿Qué pueblo -decía- hay en el mundo que sea así, tan franco de libertades ni que sea tan liberal como vosotros? Y es precisamente por una torcida obsesión legalista por lo que se llega a la sentencia de Caspe, a la proscripción de la dinastía catalana de Jaime de Urgel y a la entronización de la dinastía castellana.
»Este es, señores diputados, como todos sabéis, el punto de partida de la pugna, que duró siglos, entre el Poder real y el pueblo catalán, pugna que empieza a dibujarse al ver los catalanes que los reyes castellanos los trataban como súbditos, ellos que siempre se habían considerado como iguales, ya que el príncipe lo era porque así lo querían todos los catalanes, que por esta sola consideración de derecho eran libres; pugna que se inició en tiempos de Fernando de Antequera y que subsiste en tiempos de Alfonso el Magnánimo, que estalla con toda violencia en tiempos de Juan II con una guerra que dura más de diez años; que encuentra su instante más amansado en la política de Fernando el Católico y alcanza después su máximo desbordamiento en la guerra de los segadores y en la guerra contra Felipe I, que marca el fin de la libertad de Cataluña con la victoria del absolutismo filipista y que llega al último Borbón español.
»Dos siglos han transcurrido desde el decreto de Nueva Planta, sin que se haya reparado este crimen contra nuestra tierra; antes bien, se han acentuado la persecución; las vejaciones y las limitaciones, principalmente en el aspecto lingüístico y cultural, donde hemos visto prohibida la lengua catalana de las escuelas maternales y de los estudios superiores y universitarios. Y en nuestros tiempos coinciden en esta persecución los partidos conservadores con los partidos que se decían liberales. En ninguno de ellos encuentra Cataluña el espíritu de justicia. Y huelga decir que mucho menos lo encuentra en los Gobiernos dictatoriales, que llevan su intransigencia hasta prohibir la plegaria en lengua materna, que juntamente con la prohibición de usarla para la enseñanza de nuestros hijos constituye el mayor atentado que puede perpetrarse contra un pueblo.
»Por eso os decía, señores diputados, que Cataluña, por su carácter liberal y democrático, no podía entenderse nunca, ni siquiera pactar, con la dinastía, que representaba el obstáculo tradicional de nuestras reivindicaciones. Y para hacer desaparecer este obstáculo ha luchado Cataluña entera, aquí, en las Cortes y más allá de las fronteras, y en nuestra empresa hemos visto cómo se agrupaban gentes de otras tierras hispánicas, porque la dinastía que hemos derribado no se contentaba con tener los sentimientos de Cataluña bajo su tiranía, sino que incluso llegó a imponer su despotismo a Castilla, ahogando las voces más nobles y de más encendido patriotismo.
»Este estado de cosas nos llevó a la reunión de San Sebastián, donde quedó sellado el pacto para llevar la libertad a todos los pueblos de la Península. Lo que todo el mundo había dicho que no podría lograrse sino con una revolución sangrienta, acontece por la voluntad popular cívicamente manifestada en las elecciones del 12 de abril. En Cataluña, el triunfo de los antidinásticos fué tan abrumador que dos días después, en este histórico salón, proclamé, por la voluntad del pueblo, la República catalana, como Gobierno integrante de la República que pocas horas después se propagaba por tierras de España.
»El cumplimiento del pacto de San Sebastián era, señores diputados, y ahora es, que las Cortes aceptasen el estado de hecho que se había creado en Cataluña, y, fieles a nuestra palabra, convinimos con los tres ministros que, representando al Gobierno español, vinieron a parlamentar con nosotros, que nuestro Gobierno, durante el período transitorio, se llamaría de la Generalidad de Cataluña, y que inmediatamente nos serían otorgadas algunas Delegaciones como un anticipo de más amplias concesiones. Las de enseñanza, como todos sabéis, han sido iniciadas con el decreto que concede a nuestros hijos el derecho a ser enseñados en lengua materna, y por el otro, relativo a las cátedras en catalán.
»En cuanto a las otras Delegaciones, especialmente en materias económicas y de trabajo, aquella buena disposición no ha tenido aún plena realización, si bien esto no nos ha impedido intervenir en los conflictos planteados con el espíritu de justicia y equidad y amor a los trabajadores que ha guiado siempre nuestros actos, y hemos alcanzado la confianza y la simpatía que ha inspirado a patronos y obreros nuestro gesto generoso, ya que, desde la proclamación de la República, Cataluña no ha visto perturbada su vida de trabajo.
»Finalmente, la Generalidad, con objeto de constituir la Asamblea que junto con su Gobierno ha de redactar el Estatuto de Cataluña, ha convocado elecciones por el único procedimiento que permitía la perentoriedad del tiempo de que se dispone, y estas elecciones os han traído al altísimo lugar que ostentáis en este sitio. Estáis en este Palacio, saturado de historia patria, en representación del pueblo de Cataluña; sois Cataluña misma, que, viva y palpitante, emocionada de poder expresar sin trabas su pensamiento, dirá aquí cuál es su voluntad, que habremos de acatar todos, yo el primero, así que se haya obtenido la ratificación que representa el plebiscito de Ayuntamientos y el «referéndum» popular que se sucederá. Y este acatamiento debe ser, a la vez, una aceptación y una promesa de defender lo que habremos de presentar como expresión sincera de la voluntad de nuestro pueblo.
»Señores diputados: Siento vibrar en mí la emoción de este momento, en que he de callar para que vosotros habléis, para que hable la voz que está por encima de todos: la voz de nuestro pueblo. Os dejo, pues, para que recomencéis la tarea que os ha sido confiada; para que la realicéis con toda libertad. Unicamente me atrevería a pediros, si no conociese suficientemente cuál es vuestra convicción, que os inspiréis en vuestras decisiones en el amor que todo hombre debe tener por los demás hombres, en la cordialidad que todo pueblo ha de sentir hacia los demás pueblos. Y esta cordialidad que os pido, y que estoy seguro que tendréis, ha de hacerse más patente en estos momentos, en que, por estar trabajando en carne viva, tanto Cataluña como las demás tierras ibéricas, la sensibilidad está morbosamente agudizada, aunque esto no quiere decir que las manifestaciones que hagamos no hayan de reflejar nuestra voluntad de que nos sea reconocido y respetado lo que de derecho nos corresponde.
»No precisa, pues, que esta cordialidad sea objeto de un artículo, ni tan sólo de un párrafo, del Estatuto que habéis de redactar.
»Creo que será suficiente que saturéis vuestra obra de una atmósfera de comprensión para nuestros hermanos de allende el Ebro -a los cuales me place desde este sitio y en este acto dirigir mi salutación mas ferviente-, que les digáis que si bien hemos hecho un largo camino juntos por los yermos y los acantilados de la Historia, en medio de los cuales muchas veces nos hemos detenido a discutir nuestras disensiones, hemos llegado ya a la tierra de promisión adonde juntos nos dirigimos; pero desde este momento cada uno ha de edificar en el valle ubérrimo que nos ofrece la libertad conquistada el edificio que ha de habitar según los gustos propios, con una arquitectura peculiar y una distribución interior adecuada a las necesidades de los moradores.
»Precisa, en fin, decir bien claramente cual es nuestra voluntad para que no sea tergiversada, y esto lo tendremos procurando no dar en la estructuración escrita del Estatuto ni un paso atrás, y en esta actitud tendréis a vuestro lado a todos los catalanes, porque no habrá ninguno que se atreva a negarse a defender la voluntad del país, ya que no se trata de fijar una forma de Gobierno en la cual pueden producirse discrepancias, sino que nuestro gesto es la reclamación que presenta un pueblo para que le sea devuelta la soberanía de que se le desposeyo. Y decir bien alto que, una vez obtenida la satisfacción que Cataluña unánime pide, el estímulo eminente de nuestros actos no ha de ser otro que el de contribuir a instaurar una Confederación ibérica, en la cual las diversas energías del país sean exaltadas y aprovechadas, puesto que únicamente así se creará y solidificará la grandeza de la República.
»Señores diputados de la Generalidad: Me despido de vosotros con estas palabras finales. Pensad que la obra que habéis de realizar juntamente con el Gobierno representará la voluntad decisiva de nuestra tierra; que ella ha de ser la base del Código que ha de regir sus destinos; que será el vehículo de su prosperidad, y por ella podrá colaborar a la de los demás pueblos hermanos. Trabajad, por tanto, con el entusiasmo que contagia el patriotismo más puro. Escuchad en vuestro interior la voz profunda del buen juicio racial. Que vuestra labor sea expresión viviente de las aspiraciones seculares de nuestra Cataluña, para que podamos hacer de ella una patria liberal, democrática y socialmente justa.»
Terminada la lectura del anterior mensaje, que ha sido escuchada con suma atención, el señor Maciá abandonó el salón con el mismo ceremonial que a la entrada y en medio de ovaciones clamorosas de los diputados y del público.
Inmediatamente después se levantó la sesión. (Febus.)
Una nota del Gobierno
El pacto de San Sebastián y el mensaje del señor Maciá.- Después del Consejo, el ministro de Instrucción pública leyó a los periodistas la siguiente nota:
«Con motivo del mensaje del señor Maciá ante la Asamblea de la Generalidad, el Gobierno, resuelto a cumplir con lealtad de conducta y amplitud de criterio el pacto de San Sebastián, recuerda y declara una vez más que lo allí convenido no era ni podía ser la aceptación ciega de situaciones futuras de hecho totalmente imposibles de prever, y sí el compromiso de presentar a la deliberación de las Cortes Constituyentes, cuyo poder soberano nadie podía limitar, el proyecto de Estatuto expresión genuina y contrastada de la voluntad popular de Cataluña o de cualquiera otra región.
»En cuanto a la afirmación de que hayan existido compromisos no cumplidos por parte de algunos ministerios, importa declarar que no hubo compromiso alguno de Gobierno olvidado, y sí la declaración personal y colectiva de predisposiciones favorables de ánimo que se han ido traduciendo en las medidas que el mismo señor Maciá reconoce.»
El Sol, 12 de junio de 1931
Discurso de Ortega (1932)
José Ortega y Gasset (1883-1955)
Discurso de Ortega
Ante todo, como he dicho, es preciso raer de ese proyecto todos los residuos que en él quedan de equívocos con respecto a la soberanía; no podemos, por eso, nosotros aceptar que en él se diga: "El Poder de Cataluña emana del pueblo." La frase nos parece perfecta, ejemplar; define exactamente nuestra teoría general política; pero no se trata sin distingos, que fueran menester del pueblo de Cataluña aparte, sino del pueblo español, dentro del cual y con el cual convive, en la raíz, el pueblo catalán.
Parejamente, nos parece un error que, en uno de los artículos del titulo primero, se deslice el término de "ciudadanía catalana" […].
Vamos ahora al tema de la enseñanza. Es éste un punto en que me complace declarar que la fórmula encontrada por el dictamen de la Comisión se nos antoja excelente. Pretende Cataluña crear ella su cultura; a crear una cultura siempre hay derecho, por más que sea la faena no sólo difícil, sino hasta improbable; pero ciertamente que no es licito coartar los entusiasmos hacia ello de un grupo nacional. Lo que no seria posible es que para crear esa cultura catalana se usase de los medios que el Estado español ha puesto al servicio de la cultura española, la cual es el origen dinámico, histórico, justamente del Estado español. Seria, pues, como entregar su propia raíz. Bien está, y parece lo justo, que convivan paralelamente las instituciones de enseñanza que el Estado allí tiene y las que cree, con su entusiasmo, la Generalidad. Ya hablaremos cuando se trate del articulado, del problema del bilingüismo. Dejemos, pues, intacta esta cuestión. Lo que importó es decir que en aquel punto general de la enseñanza nos parece excelente el dictamen de la Comisión.
Sólo podría oponérsele una advertencia. ¿No seria ello complicar demasiado las cosas? ¿No sería acumular en Cataluña un exceso de instituciones docentes? […].
Otro punto en que coincidimos, y esto va a extrañar a muchos, con el proyecto de la Comisión, es aquel que se refiere al orden público. A primera vista y al pronto, yo, como muchos, pensé que parecía improcedente otorgar a Cataluña en esta forma -que conste, no es total-, el cuidado del orden público. A primera vista en efecto parece, y es cierto, que el orden público es el poder más inmediato del Estado; pero, en primer lugar, en este artículo no se quita al Estado la intervención en el orden público, sino, simplemente, se crea una instancia primera, la cual se entrega a la Generalidad. Confieso que me hizo gran impresión la advertencia que nos transmitía en su discurso el señor Maura, advertencia evidentemente aprendida en su experiencia de ministro de la Gobernación; experiencia que yo me sospecho mucho no voy a lograr directamente nunca, pero que, por lo mismo, me complace absorber de quien me la transmite. Pues bien; no tenía duda ninguna que era de gran fuerza el razonamiento del señor Maura. ¿No es cuestión delicada que coexistan -pues ésta sería una de las posibles soluciones en Cataluña- dos policías? ¿No es igualmente, o más delicado, que el Estado se quede sin contacto directo, sin visión ni previsión de lo que germinó y fermenta en los bajos fondos de la vida catalana y, sobre todo, en los profundos bajos fondos de la ciudad de Barcelona? Ni lo uno ni lo otro es, en efecto, deseable. Lo uno y lo otro llevan a desagradables consecuencias. Dos policías hurgando en lo mismo, con tropezones de manos distintas sobre un mismo tema oscuro, en manera alguna; una policía del Estado español teniendo que afrontar acaso situaciones graves, sin tener de ellas ningún conocimiento previo, tampoco. No escatimo, pues, la importancia, la gravedad de esta advertencia; pero permitidme que os muestre el otro lado de la cuestión.
Se crea por este Estatuto un Poder regional de suma importancia, con gran burocracia, con intervención en una cantidad enorme de asuntos de la vida local catalana; tiene, pues, ancho campo para actuar. ¿Tiene sentido que a ese Poder, al cual damos la parte más mollar y fecunda de la gobernación, le retengamos la parte más difícil, aquella que representa el módulo de responsabilidad de todo Gobierno y de todo Poder y, sobre todo, aquella que es en la que se manifiesta el último punto de delicadeza y de tacto moral de los Poderes? ¿Tiene sentido que todas las cosas buenas se hagan por la Generalidad y que sea el Estado central quien tenga que ir allí no más que para resolver problemas de orden público, que son siempre agujeros que se hacen en el capital de autoridad de todo Gobierno? No puede ser; si allí pasa lo bueno, conviene que tengan también la experiencia de los problemas que plantea el orden público; es menester que allí donde actúa el Poder sea donde se afronten inmediatamente, y por lo menos en primera instancia, sus consecuencias; que no pase como ocurre con los pájaros de las pampas que se llaman teros, de los cuales muchas veces don Miguel de Unamuno ha dicho, repitiéndonos los versos de Martín Fierro, "que en un lao pegan los gritos y en otro ponen los huevos"; no, que el grito se pegue junto al huevo. (Muy bien.)
No podemos aceptar, en cambio, que pase el orden judicial íntegro a la Generalidad; pero esto por una razón frente a la cual me extraña que pueda darse, por parte de los señores catalanes, contrarrazón de peso. No es la cuestión de Justicia tema que pueda servir de discusión, ni de batalla entre los hombres. Acontece así, pero no debe acontecer; es decir, que acontece sin razón. En todas partes es el movimiento que empuja a la Historia, ir haciendo homogénea la Justicia, porque sólo si es homogénea puede ser justa; no es posible que, de un lado al otro del monte, la Justicia cambie de cara; el ideal sería que la Justicia fuese, no ya sólo nacional, sino internacional, planetaria, a ser posible, sideral; que cuanto más homogénea la hagamos, más amplia la hagamos, más cerca estará de poder soñar en ser algo parecido a la Justicia misma.
Pero, en fin, déjese a los catalanes su justicia municipal; déjeseles todo lo contencioso-administrativo sobre los asuntos que queden inscritos en la órbita de actuación que emana de la Generalidad, pero nada más.
Y vamos al último punto, al que se refiere a la Hacienda. No voy, naturalmente, ahora a tratar en detalle, ni formalmente, del asunto. Voy sólo a enunciar las dos normas que nos han inspirado la corrección al anteproyecto. Son dos normas, la una complementaria de la otra y que, por lo mismo, la corrige. La norma fundamental es ésta: deseamos que se entreguen a Cataluña cuantías suficientes y holgadas para poder regir y poder fomentar la vida de su pueblo dentro de los términos del Estatuto: lo hacemos no sólo con lealtad, sino con entusiasmo; pero lo que no podemos admitir es que esto se haga con detrimento de la economía española. No me refiero ahora a las cuantías, no escatimo; lo que digo es que no es posible entregar a Cataluña ninguna contribución importante, integra, porque eso la desconectaría de la economía general del país, y la economía general del país, desarticulada, no por el más o el menos de cuantía en lo que se entregara, no podría vivir con salud, y mucho menos en aumento y plenitud.
En M. RUBIO CABEZA: Las voces de la República, Barcelona, Planeta, 1985, pp. 110.111.
Debate en las Cortes sobre el Estatuto de Cataluña (Diario de Sesiones, 6 de julio de 1932)
La Traca (Valencia, 21 de mayo de 1932)
Debate en las Cortes sobre el Estatuto de Cataluña
El Sr. Presidente: Ahora bien, el Sr. Royo Villanova ha presentado una seria de votos particulares en cada uno de los cuales pide la supresión de uno de los párrafos del art. 5.º, que se está discutiendo. Desea el Sr. Royo Villanova considerar cada uno de estos votos particulares independientemente y discutirlos por separado; pero claro está que todos ellos juntos son exactamente iguales al voto particular que defendió ayer. Yo invito a S.S. a considerar (El Sr. Royo Villanova pide la palabra.) que en la defensa de su derecho no debe llegar más allá de los límites prudenciales y evitar repeticiones puramente mecánicas. En todo caso, yo le agradecería que, de mantener su deseo de apoyar estos votos particulares, los refundiera en uno, puesto que todos vienen a pedir exactamente lo mismo: la suspensión de cada uno de los números del artículo y en conjunto de todo él.
Tiene S.S. la palabra.
El Sr. Royo Villanova: Señor Presidente, yo creo que me expliqué ayer con suficiente claridad para que se comprendiera que es una cosa muy distinta el problema fundamental, el principio de que no debe admitirse esa distinción entre legislación y ejecución, novedad establecida en esta Constitución, y que no existía, por ejemplo, ni en la Constitución federal del año 73 ni en ninguno de los proyectos ni libros de Pi y Margall, ese catálogo de cosas. Es esta una novedad que no ha existido nunca en España, y como ayer no pude exponer los problemas importantísimos de carácter general que se plantean en este artículo, quiero irlos desmenuzando. Porque hágame el favor de tomar nota de mis observaciones el Sr. Presidente y verá que aquí se trata, desde mi punto de vista, no de un problema de soberanía, sino de delegación de servicios públicos, y cada servicio tiene un problema técnico de eficacia que es distinto absolutamente del problema general de principio, de si puede admitirse esa competencia mixta o repartida de que hablaba el señor Sánchez Román, de que legisle la República y ejecute la Generalidad. Mas cuando el Sr. Presidente vea que yo incurro en alguna repetición o que estoy machacando sobre problemas que se hayan esclarecido, le agradeceré que me lo advierta.
De todas suertes, ya comprenderá el Sr. Presidente que las minorías no tienen más derecho que la invocación del Reglamento, y que entre las minorías, quizá la minoría más desdichada es la modesta persona que os dirige la palabra. Si se tratase de un proyecto de gobierno de interés general, esta minoría demostraría una vez más que cede ante el interés público, como lo he demostrado yo personalmente en la Constitución, en los Presupuestos, en los créditos extraordinarios, en las leyes obreras y en esas doscientas cuarenta leyes que hemos aprobado; pero como considero injustificado el exigir de nosotros, con estos apremios absolutamente inexplicables, que votemos de mala manera y discutamos precipitadamente con fatiga de la Cámara y con fatiga personal de todos nosotros nada más que por el capricho de un señor que no viene nunca, yo invoco el Reglamento y nada más. Y con permiso del Sr. Presidente empezaré, si me deja, a explanar el voto particular.
El Sr. Presidente: Permítame un momento, Sr. Royo Villanova. Yo, en la cuestión de fondo, no he entrado, ni entro, ni entraré, porque no es mi cometido; pero precisamente invoco el Reglamento. La posición de S.S. haciendo un voto particular a cada uno de los párrafos del artículo conduce a que por una estratagema de S.S. no se discuta como previene el Reglamento, por artículos, sino por párrafos de los artículos, por números en los cuales se divide el artículo, y eso es un derecho muy discutible de S.S., Sr. Royo Villanova. Por eso yo le invitaba a que al menos, repita o no, eso allá S.S. verá si lo debe hacer o no, refundiese todos estos votos particulares en uno solo, porque de otro modo parecería que mecánicamente se trata de alargar esta discusión y aumentar la fatiga, de lo cual estoy interesado que huya S.S. y no incurramos en ello ninguno de los que formamos esta Asamblea.
El Sr. Royo Villanova: Señor Presidente, hay que distinguir, a mi juicio, entre los artículos y las enmiendas. El artículo no se discute más que una sola vez; no habrá más que un turno para el artículo; pero a cada artículo se pueden presentar varias enmiendas y, por consiguiente, a cada artículo se puede presentar varios votos particulares cuando se trata de apartados tan distintos. ¿Qué tiene que ver el ferrocarril con la certificación de documentos públicos? ¿No son cosas tan heterogéneas que no pueden explicarse a la vez? Además, tengo cierto hábito profesional y no puedo mezclar la lección primera con la ochenta y ocho. Me presentáis aquí toda la asignatura en un artículo y queréis que la abarque en un discurso.
Ruego al Sr. Presidente que se haga cargo de mi prejuicio profesional y hasta de mi rutina y mi ancianidad. A mi edad es muy difícil salirse del carrillo. Y si tiene la benevolencia de permitirme algo que creo que es reglamentario, se lo agradeceré. ¿Por qué cuando un artículo tiene 20 apartados no se pueden presentar 20 enmiendas? Pero, Sr. Presidente y Sres. Diputados, ¿es que desde las Cortes de Cádiz se ha discutido nada más profundamente grave y hondamente perturbador que estos artículos, que éste precisamente? Fijaos bien que esta es una cosa que no se le ha ocurrido a nadie, y que si me lo permite la Presidencia voy a recordar, porque no lo hemos tocado todavía ni al discutir la Constitución. Aquí hemos hablado mucho, o se dice que se habla mucho, pero hay problemas que todavía no se han esclarecido, como este que voy a tratar.
El Sr. Presidente: Perdone un momento, Sr. Royo Villanova. Vamos a resolver este problema. No trato de contrariar los hábitos de la ancianidad que S.S. invoca, y hasta todo ello me mueve a la mayor deferencia para con S.S. Someto solamente a su consideración y discreción estas razones que son obvias. Naturalmente que cada uno de los números del art. 5.º trata de materias diferentes, pero S.S. en cada uno de los votos particulares pide exactamente lo mismo (Rumores): pide la supresión.
El Sr. Royo Villanova: No es lo mismo pedir que se suprima un ferrocarril que la caza y la pesca.
El Sr. Presidente: Naturalmente; pero cuando no se trata de otra modalidad que de la supresión, en un solo discurso S.S. podrá perfectamente razonar la supresión de todos ellos. (Rumores.) Reglamentariamente no le asiste a S.S. razón alguna. Ahora, S.S. invoca una seria de razones ante las cuales me rindo.
El Sr. Royo Villanova: Si S.S. cree que no me apoya el Reglamento, S.S. me aplica sus preceptos y asume la responsabilidad; pero yo creo que el Reglamento me apoya. Si S.S. entiende que no, me inclinaré ante S.S. y ante la Cámara. De todos modos, aunque el Reglamento no me apoyase, repito que la importancia y la gravedad del problema exigiría, a mi juicio, una amplitud grande en la discusión de este problema.
De suerte, Sr. Presidente, que si no se relacionase este problema, de la manera como está planteado, con el Estatuto y con la actitud que he adoptado, y en la que tengo que insistir, desde la sesión de anoche, yo, con el Reglamento en la mano, me someteré; pero en cuanto tenga un resquicio para dificultar, para retardar el Estatuto de Cataluña... (Rumores y protestas que impiden oír el final de la frase.) Y vosotros tenéis el derecho de aplicarnos la guillotina.
El Sr. Presidente: Señor Royo Villanova, espero que S.S. no responderá con su indignación a la actitud extraordinariamente deferente de la Presidencia, porque estoy formulando a S.S. ruegos. Mostrando una excesiva benevolencia una vez más, yo voy a consentir, a pesar de que me asiste toda la razón reglamentaria, en que S.S. defienda los votos particulares bajo su responsabilidad. Yo creo que es un mal camino de S.S., pero sígalo.
El Sr. Royo Villanova: Por lo que no puedo pasar, Sres. Diputados, es por que el Estatuto de Cataluña una vez se ponga detrás de la República y ahora casi detrás del Presidente. Esta es una coacción que no puedo permitir.»
Leído el voto particular del Sr. Royo Villanova pidiendo la supresión del núm. 1.º del antiguo dictamen (Véase el Apéndice 6.º al Diario número 189), dijo
El Sr. Valle: El núm 1.º del antiguo dictamen ha sido retirado por la Comisión.
El Sr. Presidente: Se refiere al núm. 1.º del dictamen actual. Conste, pues, que el voto particular que va a defender el Sr. Royo Villanova se refiere al núm. 1.º del dictamen reformado; y cuando llegue al núm. 12, sea la hora que quiera, habrán terminado los votos particulares que tiene formulados.
El Sr. Royo Villanova: No voy ahora a hablar más que de éste, relativo a documentos públicos; de modo que mientras no hable de ferrocarril, es que no estoy tratando de lo que a éste se refiere.
El Sr. Presidente: Lo que está claro es que S.S. dará doce golpes al voto particular.
El Sr. De la Villa: Así está hace cuarenta años. El lo dice.
El Sr. Royo Villanova: Señores Diputados, por lo mismo que tengo que molestar a la Cámara, me importa fijar mi posición y que cada uno la ocupe también. El régimen parlamentario ha consistido siempre en que los Diputados de la mayoría defiendan al Gobierno; y yo me encontré anoche con que, sin meterme para nada con el Gobierno, porque en este debate no he hostilizado ni molestado a ninguno de los señores Ministros, Diputados de la mayoría, cuando yo ni con la mayoría ni con el Gobierno me metía...(Un Sr. Diputado: No hace más que molestar, no al Gobierno, sino a los Diputados.) De suerte que por lo mismo que yo no utilizo este recurso reglamentario ni para atacar ni para molestar al Gobierno, yo no tengo el propósito de molestar a ningún Sr. Diputado de la mayoría. Y por lo que hace a aquella otra minoría más caracterizada, a quien afectaba este Estatuto (porque no nos hagamos ilusiones, este no es problema de Gobierno, ni es problema de Cortes como la Constitución; aquí se ha visto perfectamente que es una petición y lo dijo bien claro un Sr. Diputado-, una petición que presenta Cataluña, para que deliberen sobre ella las Cortes), tampoco puedo yo admitir que esa minoría dignísima, que con pleno derecho representa los intereses de Cataluña, pretenda ejercer sobre mi modesta persona, ni la de ningún Diputado, la coacción que significaría el querer interpretar el art. 15 de la Constitución en relación con el art. 5.º del Estatuto catalán. Todos recordaréis aquella novela de Leopoldo Alas La Regenta, en la que un jugador de ajedrez, cuando le daban jaque a la reina, decía: «lo hago cuestión personal»; pues bien, si yo me propongo combatir el Estatuto de Cataluña y la minoría catalana va a hacer cuestión personal el que yo combata la capacidad política de Cataluña, a eso no hay derecho. Yo no consideraré nunca cohibida mi libertad de pensar, pero, sobre todo en esta augusta tribuna parlamentaria, donde jamás la libertad se ha visto interrumpida, más que en algunas sesiones de estas Cortes Constituyentes, yo no consideraré cohibida, repito, mi libertad con ninguna clase de coacciones de esta naturaleza.
Este número demuestra lo absurdo del principio constitucional y, por consiguiente, del principio del Estatuto. Eficacia de las certificaciones oficiales y documentos públicos. La legislación corresponderá a la República y la ejecución a la Generalidad. Pero ¿en qué consiste la legislación y la ejecución y cómo se deslindan? Yo creo que tengo derecho a que la Comisión esclarezca este punto, porque yo declaro que no lo entiende. Y lo pido, no sólo como diputado, sino como funcionario público, porque yo tendré que explicar esto en clase, y como no lo entiendo, mientras no me lo explique la Comisión, no lo podré explicar a mis alumnos.
Pero, de todas maneras, yo quiero decir una cosa que no se ha dicho todavía en la Cámara, y es que el art. 15 de la Constitución no existe en ninguna Constitución federal de la postguerra más que en la de Austria. Este inventario de atribuciones, cuya legislación corresponde al Estado federal o al Estado central, como quiera llamarse, y cuya ejecución corresponde a los Estados particulares, esta enumeración y este catálogo no existe en ninguna Constitución de la postguerra más que en la de Austria. La Constitución alemana no tiene más que aquel principio federal que ya se formula en la doctrina clásica del federalismo, de que la ejecución de las leyes, en general, corresponde a la autoridad de los cantones o de las regiones, mientras no se reserve de una manera especial la ejecución misma. Este principio sí lo establecía Pi y Margall. Pero un inventario de facultades, como aquí se hace, no lo veo más que en Austria; y, naturalmente, encontrarlo en Austria no es un gran ejemplo, señores, porque Austria es un país que no creo que tenga categoría de ser maestro en Derecho público ni en nada.
¡La pobre Austria, que vive con permiso del enterrador, que vive por la contradicción de la autonomía que vosotros defendéis y que, sin embargo, os parece muy bien que se cohiba por la conveniencia de las potencias en la Sociedad de Naciones! Todos sabéis que Austria gravita por fuerza histórica y racial hacia Alemania, y es lo que una y otra nación desean para unirse, y eso no se le permite a Austria. De modo que Austria existe contra su voluntad, por imposición de esa Sociedad de Naciones, a cuyo funcionamiento ha hecho ya en otra ocasión observaciones y que me reservo de hacerlas ahora por no repetir.
En esa Constitución austríaca, en el art. 11, porque precisamente es el art. 11 el que trata de eso, se dice «Corresponderá la legislación al Estado federal y la ejecución a los Estados particulares, «en estas materias». Y hace el inventario. Pero fijaos bien en la diferencia que hay entre la legislación austríaca y la Constitución española; la Constitución española no dice, como la austríaca, «corresponderá», sino que dice «podrá corresponder». «Corresponde al Estado español la legislación y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias.» Fijaos bien que nos encontramos ante un principio de Derecho público enteramente nuevo, completamente original, cuya discusión y esclarecimiento todavía no se han hecho con la debida atención. Y esto se pretende que pase de cualquier manera; que examinemos a paso de carga una cosa tan grave, tan trascendental, tan original, tan nueva y para mí tan extraña.
Pero analicemos este artículo en forma que el Sr. Lluhí lo hacía y comparémosle con otro artículo de la Constitución que usa el mismo verbo «podrá». El art. 44 de la Constitución usa también el verbo «podrá» cuando se trata de la socialización de la propiedad, y dice que la propiedad «podrá» ser socializada en las mismas condiciones que «podrá» ser expropiada con indemnización. Allí no se dice más que esto: que el Estado «podrá» socializar la propiedad; mientras que cuando se trata de delegar las facultades ejecutivas de aquella legislación que se reserva la República, ya no se contenta con eso, sino que pone una condición, mejor dicho, dos: una de fondo y otra de forma: primera, la capacidad política de las regiones autónomas; segunda, el reconocimiento de esa capacidad por las Cortes.
Naturalmente, como dice «en la medida de su capacidad política», es notorio que no puede decirse como el Sr. Lluhí dice: «Lo único que hay que discutir es la capacidad política.» No; hay que discutir la capacidad política en relación con la medida. De modo que no se dice que estas materias serán íntegramente, totalmente transmitidas, sino que lo serán en la medida de la capacidad política de la región autónoma. De suerte que el Estado puede hacer tres cosas en relación con el art. 15 y en relación con las regiones autónomas: primera, puesto que dice «podrá», y el que puede, puede lo afirmativo y lo negativo, puede hacerlo o no hacerlo, está en su derecho de no hacerlo; segundo, puede hacerlo transmitiendo todas las facultades de que trata el art. 15, que todas ellas, sin perder una, han sido vaciadas en el art. 15 del Estatuto; tercero, puede hacer una delegación parcial en la medida que la capacidad política lo consienta.
Por tanto, este principio de Derecho constitucional enteramente nuevo, y cuya explicación no puede hacerse con la ligereza de estas sesiones rápidas, exige una interpretación notoria, lo cual quiere decir que, aun habiendo capacidad política, siempre se reserva el Estado la facultad de hacerlo o de no hacerlo. Esta fue, como recordaréis, la posición de don Miguel Maura, que, discrepando de mi punto de vista, decía bien claro: «¿Quién duda de la capacidad política de Cataluña?» Pero es que aquí dice «podrá». Ya sé yo que para transmitir estas facultades no me basta con mi potestad, sino que mi potestad ha de estar condicionada por dos cosas: la capacidad política y el reconocimiento de ella por las Cortes. Es cosas: la capacidad política y el reconocimiento de ella por las Cortes. Es que hay un «podrá» como una casa, según decía en una interrupción el Sr. Lluhí, y este «podrá» es el que servía al Sr. Maura, al Sr. Ortega y Gasset y a otros Diputados para sostener que no conviene en interés del Estado, que no es oportuno, delegar algunas materias; es un juicio político discrecional, soberano, y lo mismo puede hacerlo que no hacerlo.
Recuerdo, señores, lo que se dijo cuando se discutía aquí sobre enseñanza en el art. 50 de la Constitución; en él hay un «podrá» parecido al «podrá» del art. 44.
El art. 50 dice que el Estado «podrá», en las regiones autónomas, mantener o crear establecimientos de enseñanza, y como se trata de la soberanía del Estado, representada por las Cortes, es evidente que no tiene restricción alguna, y así como para transmitir la ejecución y delegar en las regiones autónomas se exigen aquellas trabas que indicaba, tratándose de la enseñanza, de lo que él puede hacer o no puede hacer, no tiene más límite que su albedrío y su voluntad soberana, puesto que no tiene más límite que su albedrío y su voluntad soberana, puesto que se trata de la soberanía de las Cortes. De modo que, Ser. Diputados y señores de la Comisión, el estudio comparativo, la exégesis, discreta, racional y lógica, científica, de estos preceptos constitucionales, la interpretación del verbo «podrá», su valor gramatical, su eficacia imperativa o facultativa, ha de estudiarse en relación con las palabras que en cada artículo se establecen; todo esto me parece que no es cosa indiferente que pueda relegarse a último término, y, naturalmente, este «podrá» y esta incapacidad política los tengo yo que enjuiciar en cada servicio público, porque no es lo mismo el cuidar de la caza y pesca que cuidar de los ferrocarriles o de la propiedad intelectual, que también me parece que está comprendida. Pues qué, ¿es lo mismo la certificación y eficacia de un documento público que la propiedad intelectual y la propiedad industrial? Y ni siquiera llego a eso, porque repito que he sido sobrio en mis votos particulares, puesto que he podido distinguir en la propiedad industrial y en la territorial cosas que son evidentes: la distinción entre el libro y la patente de invención y la distinción entre patente y marca de fábrica y la propiedad literaria de la artística y de la cinematográfica, problemas que se relacionan con el servicio público que los organiza respecto a las leyes que los establecieron. ¿Es que estos problemas se pueden abandonar así cuando se trata nada menos que de descuajar la vida pública española, arrancando servicios públicos del Estado y llevándolos a una región autónoma que no sabemos cómo funcionará? Todo esto, ¿lo vamos a hacer aquí amontonadamente? Esto no se puede llevar a cabo; lo que debíais haber hecho es haceros cargo de que en la actual estación del año y con esta fatiga no se puede plantear un problema de esta clase. Pero, ¡plantearlo vosotros y quererme echar a mí la coacción encima de que prescinda de todas mis convicciones doctrinales, de mi responsabilidad política y profesional, para que me digan mañana los alumnos: ¡ah!, tú has dejado pasar eso sin poner siquiera una observación....! (Rumores.- El Sr. De la Villa: Ya no habrá alumnos.) Porque el tema de la capacidad política está muy bien, se me dirá; se puede tener capacidad política para una cosa y no tenerla para otra, porque los servicios son distintos; es evidente que no es lo mismo un servicio público que otro; luego la capacidad política hay que enjuiciarla en cada servicio público. Fijaos que no he sustituido aquí el principio de la soberanía, que he partido del concepto que yo tengo de la autoridad y del Poder público, de aquella rectificación que yo invocaba ayer, recordando lo que dijo el Sr. Franchy e identificándome con tan ilustre maestro.
Pero como a mí me importa esclarecer que tengo derecho a enjuiciar la capacidad política de todas las regiones, y ayer me fundaba en argumentos del Sr. Cambó para reconocer o creer que Cataluña (con todos los respetos a su riqueza espiritual y cultural, que nada tiene que ver con la capacidad política) no tenía capacidad política para la autonomía que vosotros le dais, hoy me traigo otro texto para esto de la capacidad política, que no es de un periódico regionalista, de un periódico moderado, templado, que pudiera estar influido por el sentido de consideración al Estado, sino que es un periódico francamente separatista que se titula «Estat Catalá» y en un artículo que se titula «Luchas intestinas», y ruego a los señores taquígrafos que copien lo que dicto, porque voy traduciendo del catalán...
Este periódico, que defiende la independencia de Cataluña, y que para que sea eficaz la independencia de Cataluña busca una organización de los partidos que satisfaga ese ideal nacionalista, este periódico, abundando en mis ideas respecto del individualismo catalán, dice: «El ansia de independencia y de individualismo que todo catalán lleva en su interior, evidencia el viejo aforismo, en el cual se dice que un catalán se abre camino en todas partes, mientras que dos catalanes son un nido de antagonismos y de nulidad permanente.» (El Sr. Pérez Madrigal:Eso está mal traducido.- Risas.) Me alegro de la interrupción del Sr. Pérez Madrigal, porque yo he tenido dudas sobre la traducción de una palabra y me he encontrado con una omisión en los dos diccionarios catalanes que he consultado. (Risas.) Este párrafo dice en catalán: «Mentres que dos cataláns son un cau d´antagonismes i de nulitat permanent.» La significación de la palabra «cau» la he mirado en el diccionario de Rovira y Virgili y la traduce por «nido o madriguera», y he mirado otro de una casa editorial, que es más voluminoso, porque comprende el catalán, el francés y el castellano, e igualmente la traduce por «nido o madriguera». Y bien, yo echo de menos la verdadera traducción de la palabra «cau», que es la aragonesa «cado». De modo que yo traduciré la palabra «cau» por «cado», y la traduciré así en vista de la interrupción del Sr. Pérez Madrigal, porque «cado» es una palabra aragonesa que figura en el diccionario de la Academia. (Un Sr. Diputado: Es un catalanismo.) Si es un catalanismo, mejor; pero yo digo y señalo esta contradicción entre los filósofos y autores de los diccionarios catalanes- que vosotros, que queréis, con razón, resucitar la Historia y repetir o restaurar aquella solidaridad con razón, resucitar la Historia y repetir o restaurar aquella solidaridad histórica y federativa de Aragón y Cataluña, en vez de aquel imperialismo geográfico de extenderos hasta el Ródano, podríais haber aprovechado esta ocasión para haber traducido la palabra «cau» por la aragonesa «cado», y habríais rendido un homenaje a aquella afinidad de ideas entre aragoneses y catalanes. Además, la palabra «cado» tiene en Aragón una significación y un alcance tan grande, como que es la base de un refrán. Hay en Aragón un refrán que se refiere a la dificultad o trastorno que le produce a un viejo el cambio de profesión o de oficio o simplemente de residencia, y se dice: «Conejo viejo y cambiarlo de cado, es matarlo.» Es decir, que la palabra «cado» tiene esta importante significación dentro del refranero aragonés y, sin embargo, estos señores catalanes la abandonan. Comprenderéis que yo deba quejarme como aragonés de que no hagáis aprecio de nuestra lengua, cuando tenemos varias palabras comunes en ambos idiomas, por ejemplo, la palabra «torre». Las fincas de recreo se llaman, tanto en Cataluña como en Aragón «torres». La misma construcción gramatical tiene afinidades entre Aragón y Cataluña. En Castilla, por ejemplo, se dice «las tres menos cuarto...» (Risas y rumores.- El Sr. De la Villa: Las seis menos cuarto.) ¡Ah! Pero ¿es que a nosotros no nos interesa esto? De modo que mucho idioma catalán, mucha oficialidad, y luego resulta que las cosas del idioma catalán en relación con el idioma aragonés no interesan a las Cortes Constituyentes. Aquí, por lo visto, la cuestión es obtener mucho mando. (Un Sr. Diputado: Pero ¿hay idioma aragonés?) ¿No ha de haber idioma aragonés? ¿Qué duda cabe que lo hay? Y Gramática. En Castilla repito, se dice «las tres menos cuarto», y en Aragón, en vez de eso, se dice «los tres cuartos para las tres». (Risas).
Y en Cataluña se dice «los tres cuartos de las tres», que, después de todo, también está bien. (Rumores.) ¿Estas cosas, son cosas nimias, inocentes y a vosotros no os interesan? Pues son el argumento para ver si tiene o no capacidad jurídica la región autónoma para transmitirle estos servicios.
Y sigue diciendo este periódico separatista «Nuestra idiosincrasia no es muy adicta a la colectividad; sucede en nosotros el caso del conejo y los perros de la fábula, que con discusiones y polémicas dejamos perder lo poco que nos queda y mucho menos todavía nos preocupamos de crear nada nuevo. Un país tan reducido como el nuestro y con tanta heterogeneidad de ideas y tanta diversidad de partidos, no creemos que exista en ningún sitio, y eso que nuestra condición de nacionalidad oprimida había de justificar sobradamente la estrecha unión de todos los catalanes; pero haciendo honor a un aforismo, que dice que todos los catalanes llevan un rey en el cuerpo, en todo partido político surgen siempre varios que quieren mandar, y entonces nacen las capillitas y los grupos, hasta que unos y otros forman rancho aparte.» Es decir, que, como veis, aquello que yo os decía, y que un Diputado catalanista tomó casi como un agravio, de considerar que el espíritu individualista catalán, que constituye la fuerza del catalán como individuo, pero que constituye también una falta de aptitud para la solidaridad constructiva, para las grandes obras políticas, todo esto lo reconocen en la derecha y en la izquierda, los regionalistas y los separatistas, y es una nueva demostración de que no se puede enjuiciar tan alegremente el problema de la capacidad jurídica de Cataluña.
Y como quiero abusar de la atención de la Cámara, aunque aún tengo muchas cosas que decir, no hago más que rogar a la Comisión que me explique qué quiere decir eso de la ejecución de las materias relativas a la eficacia de las certificaciones oficiales y documentos públicos.
El Sr. Valle: Pido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S.S.
El Sr. Valle: La Comisión se encuentra en unas circunstancias extraordinarias; está cogida por la sorpresa de ver sentarse el Sr. Royo Villanova en el momento en que creía que terminaba el preámbulo su discurso, porque no ha dicho una palabra respecto a los documentos públicos, limitándose sencillamente a preguntar, de dónde entendemos que renuncia a la defensa de su voto particular. (El Sr. Royo Villanova: Cómo voy a decirlo, si no lo sé. Pero, ¿qué significa eso de ejecución?) ¿Qué significa la ejecución? Sencillamente, el cumplimiento de cuantas disposiciones legales dicte el Estado regulando la eficacia de las comunicaciones oficiales y los documentos públicos, toda esa serie de circunstancias formales que se dan como garantía para esa propia eficacia y cuya regulación queda al Estado, pero cuya vigilancia y cumplimiento se encomienda a la Generalidad. Como de eso no ha hablado el Sr. Royo Villanova, no hay manera de impugnar una argumentación que no se ha hecho, y la Comisión, repito, interpreta que S.S. ha renunciado a defender su voto particular, por cuanto no ha hablado de él una sola palabra. (Muy bien.)
El Sr. Royo Villanova: Pido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S.S. para rectificar.
El Sr. Royo Villanova: Sigo si entender lo que me ha dicho la Comisión, porque fíjese mi querido amigo el Sr. Valle, que, según recordaba ayer la Comisión, recogiendo las luminosas observaciones del señor Sánchez Román, la ejecución de las leyes lo primero que necesita como trámite indispensable es la reglamentación, y lo que decís ahí parece que es eso, la reglamentación. (El Sr. Valle: No, la ejecución.) Pero la ejecución, ¿qué es? (El Sr. Valle: ¿Vamos a definir ahora lo que es la ejecución de las leyes? Pues estamos perdidos.) Pues nos vamos a armar un lío, como se lo armarán allí, si se aplica el Estatuto. Esto lo que indica es que desde el momento en que hemos establecido un principio nuevo en la historia del Derecho español y hemos creado una institución original, que a mí, por lo absurda, me parece extravagante, había razón y había motivo para que se aclarasen las cosas mejor que las ha aclarado el Sr. Valle. Claro es que si él no las ha explicado mejor es porque le sucede lo que a mí, que no las entiende. (Risas.) Ni más ni menos. Y si esto pasa tal como está, lo que ocurrirá será que si tengo que explicarlo como catedrático no podré decir más que camelos. (Rumores.) A mí lo que me preocupa es esto; porque llevo treinta y tantos años de catedrático, y de Diputado constituyente muy poco tiempo, y el día de mañana tendré, repito, que decir una porción de camelos a mis alumnos, que se quedarán sin comprenderlo y como quien ve visiones. Y esto pasará con casi todo el Estatuto; de modo que vea la Cámara si tiene utilidad mi voto particular. Conste, pues, que yo no entiendo qué quiere decir eso y que S.S. no me lo ha explicado. (El Sr. Maura: Un ejemplo.)
El Sr. Valle: Pido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S.S.
El Sr. Valle: Solicita el Sr. Maura que ponga un ejemplo. Declaro que en materia de leyes, profesionalmente, carezco en absoluto de toda competencia; sin embargo, no me explico que un profesor de Derecho público pregunte qué diferencia hay entre ejecución y reglamentación de las leyes. No he de ser yo quien lo defina; es un concepto que está por encima de toda definición; es una cosa de sentido común.
El ejemplo que pide el Sr. Maura es bien sencillo de poner. (El Sr. Pérez Madrigal pronuncia palabras que no es posible oír bien, requiriéndole el Sr. Presidente para que guarde silencio.) Ahora bien, señores Diputados, quien mejor que nadie podría dar la explicación y formular el caso concreto es el Sr. Ossorio y Gallardo, autor del proyecto de Constitución, en que se fijaba, con esta misma frase, la potestad legislativa del Estado con la ejecución atribuida a la región autónoma. Yo que no soy, vuelvo a decirlo, maestro de Derecho público, lo que únicamente puedo manifestar es que si para la eficacia de los documentos públicos las Cortes de la República fijan unas determinadas prescripciones formales, el encomendar que eso se cumpla y vigile a la región autónoma es ejecutar la ley la región autónoma. En este sentido, cualquiera que sea el ejemplo que se pueda poner, está perfectamente explicado.
Y ahora ruego al Sr. Ossorio y Gallardo que nos diga a qué se refería concretamente.
El Sr. Ossorio y Gallardo: Pido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S.S.
El Sr. Ossorio y Gallardo: Reconozcamos, Sres. Diputados, que tiene cierta fuerza cómica esta situación, en que se requiere para que dé explicación de un texto, no al autor del texto primitivo, sino a quien presidió una Comisión redactora de un proyecto que a vosotros os pareció muy mal y que no aceptasteis. (Risas.) Paréceme, por consiguiente, que erais vosotros los llamados a dar esa explicación, sin invocar un testimonio tan pobre como el mío.
Diré, ante todo, que en el anteproyecto de Constitución no había esta división de facultades del Estado y de la región, de legislación del Estado y ejecución por la región. De modo que esa divergencia, esa dualidad de atribuciones me permitiréis que no la explique yo, porque en eso sí que no tengo arte ni parte; eso, vosotros lo sabréis. (Dirigiéndose a la Comisión.)
La verdad es que entre las atribuciones del Estado se señalaba en el anteproyecto esto mismo que aquí se dice en el dictamen: «Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.» Quiero recordar que el tema pasó de ligero en la Comisión mixta Jurídica asesora, sin originar debates ni exámenes profundos. Quizá fue así, porque sobre no ser materia adecuada a la controversia, tenía antecedentes, pues eso tampoco brota por primera vez en el texto que briosa y consecuentemente impugna el Sr. Royo Villanova. En las conclusiones de la Asamblea de Parlamentarios de 1917 se señalaba ya, en las facultades del Estado, la eficacia de los documentos públicos y de las sentencias y comunicaciones judiciales (El Sr. Royo Villanova: Del Estado.); del Estado; en el proyecto de Estatuto de autonomía que en 1918 redactaron los catalanes también se reconoce al Estado esa facultad, y, sin duda, repitiendo el concepto que encontrábamos ya escrito y aceptado, se incluyó en el anteproyecto, de éste pasó al proyecto y de ahí ha llegado al Estatuto. ¿Qué es esto? Se pide un ejemplo. Diré cómo lo entiendo. (El Sr. García Valdecasas: ¡Un ejemplito!) Un ejemplito, dice el señor García Valdecasas; veamos el ejemplito. (Risas.) Los documentos de un país extranjero, ¿cómo tienen valor en España? Llega un exhorto judicial, una escritura, un requerimiento para una notificación, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. ¿Cómo tiene eso vigor en España? A mí me parece que habíais querido, que habíamos querido decir que eso lo regulará el Estado, porque no es posible que ese documento inglés, francés, alemán, valga de una manera en Andalucía y de otra distinta en Galicia. El Estado, que es la única representación nacional de las fronteras para afuera, dice a todo el mundo cómo han de valer sus instrumentos en España. Por eso es legislación del Estado.
¿Qué es la ejecución? Pues aplicar esa legislación dentro de los términos de la facultad autonómica de cada región. Por ejemplo, se ha dicho: «La ley del Estado tendrá que autenticar con la firma, legitimándola, de determinado número de notarios. ¿Será notarial la legitimación? Sobre que la ejecución de esa precepto del Estado implique que los notarios legitimantes sean uno solo, dos o tres, y que, a falta de notario, supla su función el juez u otro funcionario o el decano del Colegio, etc...., la legislación del Estado habrá dicho: «Tal firma para ser valedera necesita una legitimación», y las regiones autónomas podrán decir que la legitimación se ejecutará de éste o del otro modo. Así es como entiendo yo el artículo. (El Sr. Royo Villanova: Ahora lo entiendo muy bien. Pido la palabra.- El Sr. García Valdecasas: Pido también la palabra.- Rumores.) Sin duda no me ha acompañado el acierto en la exégesis, cuando de tal modo salen voces que, por lo visto, discrepan de mi interpretación. Conste que he cumplido con el respeto que se merece la Cámara, mezclándome, a requerimientos suyos, en un debate que, en realidad, no me afectaba y al que no me he referido para nada. Si lo he hecho mal, perdónenme los Sres. Diputados, porque el hablar no ha sido intromisión indiscreta, sino rendimiento y obediencia a su cortés atención. (Muy bien.)
El Sr. Presidente: Agradecería a los señores que han pedido la palabra que no lleven esta cuestión, sin duda interesante, a detalles que la hagan degenerar, porque ello rebajaría la dignidad y el nivel a que en la Cámara deben quedar los debates. Confío en que el Sr. Royo Villanova así lo hará. Tiene S.S. la palabra.
El Sr. Royo Villanova: Concretamente, y esto probará a la Presidencia cómo no pueden sumarse problemas tan complejos, yo declaro, siempre lo he dicho, y recuerdo que una vez... (El Sr. Pérez Madrigal: No cuente S.S. cuentos, hable de la cuestión.- Grandes rumores y protestas.)
El Sr. Presidente: Lo que espero del Sr. Pérez Madrigal es que no se arrogue en la Cámara atribuciones que no tiene. (Continúan los rumores.)
El Sr. Royo Villanova: Confieso, reconozco y declaro que soy catedrático de Derecho y que no entiendo... (Nuevos rumores.- El Sr. Villarrubia pronuncia palabras que no se perciben.- El Sr. Presidente reclama orden.) Yo reconozco el derecho a que se me diga eso; me han dicho muchas cosas más. Tiene derecho S.S., y yo reconozco que una cosa es ser catedrático y otra maestro. (El Sr. Puig Ferrater: ¡Burro! -Grandes protestas en distintos lados de la Cámara.) Vean ustedes: ya me llaman burro. (Continúan las protestas.)
El Sr. Calderón: Pido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S.S.
El Sr. Calderón: Se ha injuriado a un Diputado que está haciendo uso de su derecho y es necesario, por prestigio de la Cámara, que el que ha proferido esa frase dé una explicación, como ayer se dio públicamente por otro compañero. (El Sr. Alvarez Angulo: Su señoría es un cavernícola.- Rumores.- Protestas en la minoría agraria.)
El Sr. Presidente: Advierto a los Sres. Diputados que se indignan contra los adversarios del Estatuto que a esos adversarios hay que combatirlos inteligentemente y no con exaltaciones pasionales, y por decoro de la Cámara espero que el Diputado que ha proferido una palabra ofensiva se levante a dar una explicación.
El Sr. Puig Ferrater: Pido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S.S.
El Sr. Puig Ferrater: Con permiso de la Cámara. Sin duda me he excedido en lanzar esa palabra al Sr. Royo Villanova, pero tengo que manifestar, con toda energía y con toda sinceridad, que mi intención era decir una cosa mucho más grave y mucho más dura. (Grandes protestas en diferentes lados de la Cámara que duran largo rato.)
El Sr. Presidente: A veces, Sres, Diputados, una palabra ofensiva y aun injuriosa puede tener muy poca gravedad, y una crítica serena puede tenerla mucha. Yo espero que sea la crítica del Sr. Puig Ferrater todo lo profunda que quiera, pero que no haya en ella ni un insulto ni roce lo más levemente la dignidad de ningún Sr. Diputado. (Muy bien.)
El Sr. Puig Ferrater: Muy agradecido al Sr. Presidente de la Cámara por esta observación, que yo me propongo atender en absoluto; pero me permitirá, puesto que me ha concedido la palabra, unos minutos para dar una breve explicación de mi posición y que trate de excusar, si no de hacerme perdonar, mi nerviosidad en este momento.
El Sr. Presidente: La nerviosidad no la puedo excusar. Si S.S. es dueño de sus nervios, haga uso de la palabra; si no se siente con bastante dominio, renuncie a ella.
El Sr. Puig Ferrater: Le prometo que sabré dominar mis nervios; en ocasiones más graves he sabido dominarlos. Yo vine a esta Cámara por primera vez con una ilusión muy grande, tratándose de la primera Cámara de la República; yo, hombre apartado de las luchas políticas, metido en mis estudios, en mis trabajos literarios, en mis trabajos de arte, llamado a la política por un ideal, al cual respondí con todo mi afecto y con toda mi pasión, traje a esta Cámara la ilusión de un hombre joven, nuevo en política y nuevo en un régimen nuevo, el cual creía que iba, como se está viendo claro, a elaborar una nueva España, esa nueva España a la cual va vinculado y adjunto el Estatuto de Cataluña.
Esperé, y hasta ahora la he encontrado siempre en todos los miembros de esta Cámara, una alteza de miras, una serenidad en la discusión, idealismo, justicia, sentido, sobre todo, de la responsabilidad, sentido del honor. Pero, a veces, Sres. Diputados, oyendo al Sr. Royo Villanova, he dudado quiero decirlo- no del Sr. Royo Villanova, que demasiado está demostrando su manera de ser, que no quiero ahora calificar; pero he dudado de nuestra obra viendo la paciencia de la cámara, la manera cómo soporta esa obstrucción tan insistente, tan tenaz, tan minuciosa, a veces tan pequeña de miras, con esos detalles tan ridículos -porque no puedo retirar esa palabra- en que funda su obstrucción el Sr. Royo Villanova, viendo cómo se pone a contar cuentos, chascarrilos, anécdotas insignificantes, que todos nosotros nos ponemos a reír y que estamos celebrando con chacotas y chirigotas, cuando estamos a mitad del verano, cuando hay tantas cosas por hacer en esta República nueva (Muy bien en la mayoría.), cuando traemos aquí tanta fe y tanta ilusión, ya no por el Estatuto; no me importa que se pierda el tiempo para el Estatuto; ahora, en este momento, el Estatuto es lo de menos, porque más tarde o más temprano, según parece, por la voluntad general que ya se está manifestando en la Cámara y como varias veces lo han dicho representantes del Gobierno y el mismo señor Presidente de la Cámara, el Estatuto, más tarde o más temprano, más -¿cómo diré?- restringido o más amplio, será aprobado, he dudado, repito, de nuestra obra. ¿No ven sus señorías cómo estamos todos juntos perdiendo el tiempo, cómo pesa sobre nosotros una responsabilidad (Grandes aplausos en la mayoría.), cómo pesa sobre nosotros la responsabilidad de no cortar de raíz esa obstrucción, no porque sea el Sr. Royo Villanova -sea quien sea-, porque ésa ya es una manera de obstruir vana, inútil, ineficaz, y quiero decir malévola, no ya contra Cataluña, sino tal vez contra la República? (Grandes aplausos en la mayoría.- El Sr. Ortiz de Solórzano pronuncia palabras que no se perciben, que dan origen a que le increpen numerosos Sres. Diputados.)
El Sr. Presidente: Tengan en cuenta sus señorías que lo importante ahora es lo que está diciendo el orador que se halla en el uso de la palabra.
El Sr. Puig Ferrater: ¿Me permite su señoría que termine?
El Sr. Presidente: Sí, señor.
El Sr. Puig Ferrater: Pues seré breve. ¿No os dais cuenta de que estamos perdiendo el tiempo y de que quien más contribuye a ello es el paladín de esa obra vana e inútil, el Sr. Royo Villanova? Entonces yo, en un momento de pasión no lo quiero ocultar-, para significar su incapacidad de colaborar en la tarea de hacer esa nueva España junto con Cataluña, ante esa ineficacia, ante esa especie de cerrazón de su pasión, porque no creo que sea su entendimiento, es su pasión que le ciega la mente, entonces, queriendo decir incapacidad esa era la palabra-, he dicho : «burro»; la retiro; pero me sabe muy mal que, aunque retire esa palabra, ella va a resonar en toda España, porque desde las Cortes irá a la Prensa que es su tornavoz. (Grandes aplausos en la mayoría.) Retiro la palabra, pero hago constar mi protesta más firme, más enérgica que nunca en nombre de la minoría catalana, de la República, de España, de Cataluña y del Parlamento. (Aplausos en diversos lados de la Cámara.- Fuertes protestas en la minoría agraria, cuyos miembros son increpados violentamente por un gran número de señores Diputados.- El Sr. Fanjul: ¡De España, no; traidores!- Se promueve un gran tumulto y el Sr. Ossorio y Gallardo, puesto en pie, protesta con indignación de estas palabras.- La Presidencia, tras grandes esfuerzos, logra poner término a la confusión.)
El Sr. Presidente: Una persona de la ecuanimidad del Sr. Ossorio y Gallardo, en un momento de agitación, ha hecho una protesta. Grave debe ser el motivo cuando ha ocasionado la repulsa de una persona de este temperamento y de este dominio de sí mismo. Yo invito al Sr. Ossorio y Gallardo para que se haga uso de la palabra y nos explique lo que ha originado su indignación, y ruego a todos los Sres. Diputados, por la dignidad y el decoro de la Cámara, que sepan dominar sus nervios. (Un Sr. Diputado da un «¡Viva la República!» que es contestado por una gran mayoría.)
El Sr. Ossorio y Gallardo: Muchas gracias, Sr. Presidente, por haberse adentrado noblemente en mi espíritu, reconociendo que sólo un sentimiento íntimo y ardoroso, que me arranca las lágrimas, ha podido llevarme a solicitar la atención del Congreso en momento de tal emoción. Sí, hay un motivo. No es la primera vez que, en voz más elevada o más recatada, oigo calificar de traidores a los Diputados catalanes. Y yo me pregunto: si ellos son traidores, ¿qué papel tenemos en la Cámara los Diputados castellanos que en todo, en mucho o en algo estamos a su lado y creemos que les asiste un tanto de razón? (Muy bien.) La condenación viene sobre todos, y ya es ocasión de que en este debate se sanee la atmósfera para que no vuelva a producirse cierta clase de imprecaciones que substituyen a los argumentos.
Yo, Sr. Fanjul, soy más humilde que S.S., menos culto que S.S. (Grandes exclamaciones y denegaciones.), pero soy tan español como su señoría. (Muy bien.- Aplausos.) Cada cual tiene su concepción y sus modos de servir a la Patria; y yo os digo: patriotismo verbalista, no; patriotismo estancado, no; patriotismo monopolizado, no; : «Marcha de Cádiz», no (Grandes aplausos.) ¿Qué especie de coacción va a resucitar en esta Cámara (resucitar, porque ya la hubo en otras) atravesando frente al pensamiento de una masa de hombres que podrá equivocarse, pero que proceden con nobleza- el grito de ¡Viva España!? ¿Quién no se suma a él, si hasta los catalanes, cuando tuvieron que agradecer el discurso del ilustre jefe del Consejo de Ministros, no supieron decir otra cosa sino ¡Viva España!? (Muy bien.- El Sr. Companys:Con lágrimas en los ojos, grito: ¡Viva España!? - Grandes aplausos.) Ese grito no puede constituir una división; cada cual tiene el modo de sentir el patriotismo que le da su idiosincrasia. ¡Viva España!, sí, pero una España liberal, democrática y justiciera; ¡viva España!, pero una España en donde quepamos todos los españoles, sin que nadie ejerza presión sobre los demás; ¡viva España!, pero una España jurídica donde el Derecho ocupe lugar preeminente y no sea posible la arbitrariedad ni el despotismo; ¡viva España!, fuente del amor, de cordialidad y de concordia; ¡viva España!, con la amplitud del pensamiento y del alma, donde se asiente todo, donde se discuta todo, donde no se excluya a nadie; pero un viva España que quiera constituir una barrera y separar unos de otros, no; ¡eso, no! Yo pido rendidamente a la Cámara que no entre nunca ninguno de sus miembros en tal camino, porque constituiría la mayor torpeza.
Catalanes, castellanos, todos, todos estamos aquí adscritos y juramentados al servicio de España, y cada cual lo entiende de un modo, pero todos son igualmente respetables.
Y perdonadme, señores, que haya tenido esta expansión, dejando fluir un sentimiento que, si no hubiera salido, me ahogaría como ahoga el amor y como ahoga el llanto. (Grandes y prolongados aplausos de casi todos los Sres. Diputados, puestos en pie.)
El Sr. Fanjul: Pido la palabra. (Grandes y violentas protestas de la mayoría.- La Presidencia reclama, enérgicamente, orden.)
El Sr. Presidente: Ruego a los Sres. Diputados que dejen tramitar este incidente con toda calma para que no se pueda decir que se usa la violencia con nadie.
No sólo la Cámara no tiene nada que dispensar al Sr. Ossorio y Gallardo, sino que yo, desde la Presidencia, me atrevo a mostrarle su profundo agradecimiento. (Muy bien, muy bien.)
Las palabras que ha pronunciado el Sr. Fanjul no pueden, en efecto, herir sólo a la minoría catalana; hieren a toda la Cámara y a la misma Presidencia, que, si esos hombres son calificados de traidores, se siente incursa en el delito de traición. Espero que el Sr. Fanjul sepa explicar su conducta (El Sr. Martínez de Velasco pide la palabra.) y pueda desvanecer el efecto deplorable que ha producido con sus palabras, para que las pasiones, envueltas en las ideas tradicionales más torpes y oscuras, no vengan a envenenar un problema que, con toda cordialidad, estamos tratando de resolver en unión de los representantes de Cataluña.
Se puede exponer todas las ideas, con todos los matices, con tenacidad, pero esos calificativos son vergonzosos para las mismas personas que los pronuncian. (Muy bien.)
Por el honor de S.S., Sr. Fanjul, yo le requiero para que inmediatamente dé explicación de esas palabras.
El Sr. Fanjul: Voy a quitarle de mis palabras toda aquella emoción de indignación que se produce al tratar de este problema en diversos sectores de la Cámara y especialmente entre la minoría catalana y nosotros, porque la postura nuestra, hablando más específicamente, la postura mía, expuesta aquí hace tiempo, cuya exposición tendré que repetir porque obedece a un profundo convencimiento, es la de que vosotros, los Diputados catalanes, la minoría catalanista, sois esencialmente nacionalistas, y no hacía falta que yo lo dijera, porque lo han dicho aquí el Sr. Hurtado, el Sr. Estelrich (El Sr. Estelrich pronuncia palabras que no se entienden.), el Sr. Torres y el Sr. Carrasco; y no solamente nacionalistas, sino separatistas, porque así lo demuestran las manifestaciones que vosotros hacéis en Cataluña, que se acaban de hacer días ha, cuando al llegar un Diputado a la estación del ferrocarril, dijo: «¡Camaradas separatistas!». Ese lenguaje hiere en lo más hondo a los que consideramos a Cataluña como una de las ramas más frondosas del árbol español, que no queremos que se desgaje. Nuestra indignación en vuestro ambiente separatista es una indignación envuelta en cariño y amor a Cataluña.
Ya no tiene nada de particular, por tanto, que salgan de los labios de un Diputado que, además de serlo, tiene un concepto de la unidad de la Patria arraigado y profundo en el fondo de su alma, algunas voces que no suenen bien en la Cámara; pero yo os voy a leer (Denegaciones en la mayoría) unas palabras del Sr. Maciá, pronunciadas en esta Cámara el día 23 de agosto de 1923. El señor Maciá decía (Nuevas denegaciones y protestas en la mayoría): ¡no dejáis ni leer! : «Efectivamente, en Cataluña nosotros consideramos que ésa era una traición a estos puros y santos ideales de libertad.» Y un Sr. Diputado interrumpe : «La traición sería de los regionalistas.» Y cuando se ve que hay en la Cámara una minoría profundamente separatista... Las protestas, increpaciones y contraprotestas impiden oír el final del discurso del Sr. Fanjul.- Muchos Sres. Diputados: No ha explicado nada.- La Presidencia impone el orden.)
El Sr. Presidente: El Sr. Martínez de Velasco tiene la palabra.
El Sr. Martínez de Velasco: Señores Diputados, comprenderéis la profunda emoción con que yo me levanto en este momento. He procurado siempre ajustar mi actuación parlamentaria a un ambiente de consideración y respeto para los demás, que creo no haber olvidado nunca. Tengo la evidencia absoluta de que el Sr. Fanjul no ha tenido ni el deseo, ni el propósito ni la intención de molestar a nadie. (Grandes rumores.- Varios Sres. Diputados: Que lo diga él.- El Sr. Vergara: Explicaciones por delegación, no.) Hay que reconocer que la inmensa mayoría de la Cámara ha perdido la serenidad. El Diputado de la minoría catalana que ha dirigido un agravio al Sr. Royo, al ser requerido por el Sr. Presidente para que lo explicara, ha acentuado el contenido de su frase (Denegaciones de muchos Sres. Diputados), porque después de reconocer que había llamado : «burro» al Sr. Royo, ha manifestado que retirando esa palabra, después de pronunciada, mañana tendría una resonancia estrepitosa, en toda España, porque la reproduciría la Prensa.
No tiene, pues, nada de particular que en una situación semejante se haya perdido por todos el equilibrio; pero a mí me interesa extraordinariamente, como jefe de la minoría agraria, plantear aquí, si fuera posible, en un ambiente de cordialidad, una cuestión que para nosotros es fundamental. Cada uno puede tener su modo especial de enjuiciar los problemas trascendentales que aquí se plantean y a nadie hay derecho a agraviar, porque se coloque enfrente del contradictor, diciendo que tiene más o menos patriotismo; pero esto hay que aplicárnoslo a nosotros también, y cuando ejercitamos con toda consideración los derechos que nos concede el Reglamento, no se puede hablar de la posibilidad de que por ser una minoría podemos ser violentamente atropellados, ni se puede decir tampoco que el ejercicio de ese derecho constituye una ofensa para los demás. Nosotros, con el respeto debido a todo el mundo, continuaremos con la línea de conducta que nos hemos trazado, porque dicho sea sin propósito de herir ni mortificar a nadie- constituiría una verdadera deserción de nuestros deberes el que teniendo un camino trazado, que debemos inflexiblemente seguir, lo abandonáramos por la coacción o la violencia de los demás.
Como estoy seguro de que la Cámara nos amparará en el ejercicio de ese derecho, no tengo nada más que agregar.
El Sr. Presidente: Antes de conceder la palabra al Sr. Companys, me va a permitir la Cámara que no me haga eco de lo que acaba de decir el Sr. Martínez de Velasco, porque ello suscita una cuestión distinta de la que estaba aquí planteada, que era la de la grave ofensa que el señor Fanjul había dirigido a una fracción de la Cámara, recogida por amplios sectores de ella y por la misma Presidencia.
Esta estima que las palabras del Sr. Fanjul no son satisfactorias. (Muy bien, muy bien.) El Reglamento no autoriza al Presidente para adoptar por sí mismo ninguna medida, pero dejo a la consideración de la Cámara y del Sr. Fanjul el lugar en que puede quedar aquí un señor Diputado que, movido por la pasión del momento, profiere palabras graves, injustas, ofensivas y contrarias a los intereses de la República y de España, y que después, fríamente, no las rectifica, continuando impasible en la Cámara en contra, enfrente, en oposición a la satisfacción de la inmensa mayoría de los Sres. Diputados. (Aplausos.)
Ahora el Sr. Companys tiene la palabra.
El Sr. Companys: Señores Diputados, después de las palabras que acaba de pronunciar el Sr. Presidente, como si hubiesen sido dirigidas a mí las concedería grandísima importancia, debo dar, y doy, este asunto por completamente liquidado. Sin embargo, no puedo menos de manifestar también al Sr. Ossorio y Gallardo nuestro profundo agradecimiento, más que nuestro agradecimiento, nuestra emoción ante la emoción de S.S., y nuestro optimismo ante la sensibilidad de la Cámara.
Hay aquí muchas personas que combaten, y que seguirán combatiendo el Estatuto, que lo combatirán con pasión; para ellas nuestros más hondos respetos; pero frente a esas cosas ocultas que no van precisamente contra el Estatuto, yo creo que la serenidad y la sensibilidad de la Cámara se han demostrado hoy una vez más, como se han demostrado en todas las ocasiones en que han sido puestas a prueba su fe republicana y su alteza de miras y de pensamiento. (Aplausos.)
El Sr. Fanjul: Pido la palabra.
El Sr. Presidente: la tiene S.S.
El Sr. Fanjul: No puede menos de extrañarme que el Sr. Presidente de la Cámara haya dicho que no le han satisfecho mis explicaciones.
El Sr. Presidente: Efectivamente, no me han satisfecho en manera alguna.
El Sr. Fanjul: Yo he dicho que tenía un concepto de la postura de la minoría catalanista, el concepto de un fundamental nacionalismo, tras el cual yo veía un separatismo profundo. Desde luego retiro las palabras que han originado la protesta, porque no he querido ofender a nadie en momento de pasión; pero el hecho de que un Diputado de esta Cámara opine que la minoría que presenta el Estatuto, por sus antecedentes, por las propias palabras que aquí le hemos oído, por los conceptos que vierte en Cataluña, por el mismo ambiente nacional, es separatista, no creo que pueda constituir ofensa. ¿Se me puede impedir que piense así? Ahora bien, entre eso y las frases agrias hay una gran diferencia, y esas frases repito que quedan, desde luego, retiradas.
El Sr. Presidente: En efecto, las cosas han cambiado. Si el Sr. Fanjul tiene la creencia de que la minoría catalana es separatista, eso podrá ser un error, pero no es una ofensa. Además, aunque sea separatista por convicción, ello podrá originar una distanciación de opiniones, pero tendrá el respeto que merece toda persona que profesa un ideal de una manera noble. Precisaba, sin embargo, retirar la palabra ofensiva, y ya el Sr. Fanjul la retira noblemente.
El Sr. Fanjul: Creí haberla retirado.
El Sr. Presidente: Queda terminado el incidente.
Estaba en el uso de la palabra el Sr. Royo Villanova. Puede continuar S.S.
El Sr. Royo Villanova: Señores Diputados, se trataba, como recordaréis, de un problema estrictamente jurídico en que ni siquiera se mezclaba el concepto apasionado de la soberanía. Se trataba de interpretar unas palabras del Estatuto, de interpretar un concepto nuevo en ciertas materias cuya legislación corresponde a la República; y abrigando yo dudas respecto del valor de ciertas palabras, mi querido amigo el Sr. Valle, que se escudaba en su incompetencia profesional para resolver las dudas que yo me planteaba, se ha servido aludir al Sr. Ossorio y Gallardo (El Sr. Valle: Para poner un ejemplo), el cual luminosamente ha resuelto la dificultad, y lo ha hecho en un ambiente estrictamente jurídico, dándome la razón acerca de que hay aquí una serie de pequeños problemas jurídicos que nada tienen que ver con la soberanía ni con la unidad nacional. De modo que se ha producido una excitación, un movimiento, al cual soy enteramente ajeno porque ni siquiera ha partido de mí la menor reclamación. Yo nunca he reclamado, porque soy un liberal empedernido que respeta el pensamiento ajeno; la tolerancia y la libertad son un imperativo de la cultura, y, por consiguiente, a mí, que tengo por profesión la cultura, enseñarla y difundirla, no me estremece una palabra como esa, ni más agresiva; porque sé que el hombre que se estremece por eso, es que se olvida de aquel imperativo de cultura que obliga a todo hombre político. De modo que conste que yo no he pedido, ni me importa, explicación de nada ni de nadie. Que me insulten, que me injurien, que me calumnien; el hombre político que se impresiona porque le injurian, porque le calumnian, no sirve para político. A mí me tiene sin cuidado lo que me digan.
Lo que importa es el problema que hemos planteado y que demuestra que hay aquí una serie de problemas jurídicos que no se pueden resolver ni con la «Marcha de Cádiz» ni con la Marcha del Nuncio; son problemas jurídicos que aquí ha planteado y resuelto muy bien el Sr. Ossorio y Gallardo. El Sr. Ossorio ha dicho que se trataba de ver la eficacia de un documento público. El ejemplo, yo lo veo. ¿Dónde se va a ejecutar la eficacia de un documento público? En los Tribunales, en el Derecho notarial; y aquí nos encontramos con el art. 1.º, que habéis traspasado a la parte de Justicia, y con las palabras del Sr. Ossorio, interpretadas en la forma que mi modesto sentido jurídico me dicta, yo digo que me alegro mucho de haber presentado este voto particular, de haber esclarecido esta materia, y ahora acuso a la Comisión de contradicción flagrante; porque si la ejecución de estas materias tiene que hacerse en los Tribunales, ya estamos prejuzgando. (Rumores.)¿Dónde se va a hacer si no? Estamos en el mismo caso del art. 1.º, cuando yo decía, y lo habéis venido a reconocer : «¿Qué se entiende por ejecutar las leyes penales, mercantiles y sociales?» Y me dijisteis: : «Pues se entiende que las cuestiones jurídicas que surjan sobre interpretación o aplicación de las leyes penales, mercantiles y sociales se ventilarán ante los Tribunales de la Generalidad.» Y yo dije: : «Pues esto es prejuzgar que los Tribunales pertenecerán a la Generalidad, es dar por resuelta aquella cuestión que dejaba en el aire D. Fernando de los Ríos, Ministro de Justicia, cuando discutimos aquí la Constitución.» Y desde el momento en que yo he oído esta explicación del Sr. Ossorio y Gallardo, mantengo mi voto particular y me quejo de que se me trate de esta manera tan distinta; porque este aspecto, este número, debe aplazarse para la parte de Justicia, como se ha aplazado el 1.º, teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Ossorio y si no, no entiendo lo que quiere decir ejecución. Por eso yo insisto en mantener mi voto particular.
Hecha la pregunta de si se tomaba en consideración el voto particular del Sr. Royo Villanova, se pidió por suficiente número de Sres. Diputados que la votación fuera nominal.
Verificada en esta forma, resultó desechado el voto particular por 172 votos contra 21...
Diario de Sesiones, 6 de julio de 1932.
Estatuto de Cataluña (Ley de 15 de septiembre de 1932)
El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, firma el Estatuto de Autonomia de Cataluña, en diciembre de 1932.
Estatuto de Cataluña
(Ley de 15 de septiembre de 1932)
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.º Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto. Su organismo representativo es la Generalidad y su territorio el que forman las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona en el momento de promulgarse el presente Estatuto.
Art. 2.º El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña.
Para las relaciones oficiales de Cataluña en el resto de España, así como para la comunicación entre las Autoridades del Estado y las de Cataluña ' la lengua oficial será el castellano. Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña deberá ser publicada en ambos idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada.
Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los Tribunales, Autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República.
A todo escrito o documento que se presente ante los Tribunales de Justicia redactado en lengua catalana, deberá acompañarse su correspondiente traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes.
Los documentos públicos autorizados por los fedatarios en Cataluña podrán redactarse indistintamente en castellano o catalán; y, obligadamente, en una u otra lengua, a petición de parte interesada. En todos los casos los respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias que hubieren de surtir efecto fuera del territorio catalán.
Art. 3.º Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no Podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Estos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República.
Art. 4.º A los efectos del régimen autónomo de este Estatuto tendrán la condición de catalanes:
1.º Los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa fuera de la región.
2.º Los demás españoles que adquieran dicha vecindad en Cataluña.
TITULO II
ATRIBUCIONES DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Art. 5.º De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Constitución, la Generalidad ejecutará la legislación del Estado en las siguientes materias:
1.ªº Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
2.ª Pesas y medidas.
3.ª Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecta a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.
4.ª Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos que sean de interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los ferrocarriles y de los teléfonos de la ejecución directa que puede reservarse de todos estos servicios.
5.ª Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.
6.ª Régimen de seguros generales y sociales, sometidos estos últimos a la inspección que preceptúa el artículo 6.º.
7.ª Aguas, caza y pesca fluvial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. Las mancomunidades hidrográficas cuyo radio de acción se extienda a territorios situados fuera de Cataluña, mientras conserven la vecindad y autonomía actuales dependerán exclusivamente del Estado.
8.ª Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
9.ª Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.
10. Socialización de riquezas naturales y Empresas económicas, delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado de las regiones.
11. Servicios de aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho del Estado a coordinar los medios de comunicación en todo el país. El Estado podrá instalar servicios propios de radiodifusión y ejercerá la inspección de los que funcionen por concesión de la Generalidad.
Art. 6.º La Generalidad organizará todos los servicios que la legislación social del Estado haya establecido o establezca. Para la ejecución de los servicios y aplicación de las leyes sociales, estará sometida a la inspección del Gobierno para garantizar directamente su estricto cumplimiento y el de los Tratados internacionales que afecten a la materia.
En relación con las facilidades atribuidas en el artículo anterior, el Estado podrá designar en cualquier momento los delegados que estime necesarios para velar por la ejecución de las leyes. La Generalidad está obligada a subsanar, a requerimiento del Gobierno de la República, las deficiencias que se observen en la ejecución de aquellas leyes; pero si la Generalidad estimase injustificada la reclamación, será sometida la divergencia al fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución. El Tribunal de Garantías Constitucionales, si lo estima preciso, podrá suspender la ejecución de los actos o acuerdos a que se refiere la discrepancia, en tanto resuelve definitivamente.
Art. 7.º La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener los Centros de enseñanza en todos los grados y órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, con independencia de las instituciones docentes y culturales del Estado y con los recursos de la Hacienda de la Generalidad, dotada por este Estatuto.
La Generalidad se encargará de los servicios de Bellas Artes, Museos, Bibliotecas, Conservación y monumentos y archivos, salvo el de la Corona de Aragón.
Si la Generalidad lo propone, el Gobierno de la República podrá otorgar a la Universidad de Barcelona un régimen de autonomía; en tal caso, ésta se organizará como Universidad única regida por un patronato que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y catalana las garantías recíprocas de convivencia, en igualdad de derechos, para profesores y alumnos.
Las pruebas y requisitos que, con arreglo al artículo 49 de la Constitución establezca el Estado para la expedición de títulos, regirán con carácter general para todos los alumnos procedentes de los Establecimientos docentes del Estado y de la Generalidad.
Art. 8.º En materia de orden público queda reservado al Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los números 4, 10 y 16 del artículo 14 de la Constitución, todos los servicios de seguridad pública en Cataluña en cuanto de carácter extrarregional o suprarregional, la Policía de frontera, inmigración, emigración, extranjería y régimen de extradición y expulsión. Corresponderán a la Generalidad todos los demás servicios de Policía y orden interiores en Cataluña.
Para la coordinación permanente de ambas clases de servicios mutuos, auxilios, ayuda e información y traspaso de los que correspondan a la Generalidad, se creará en Cataluña, habida cuenta de lo ordenado en el artículo 20 de la Constitución, una Junta de Seguridad formada por representantes del Gobierno de la República y de la Generalidad, y por las autoridades superiores, que, dependientes de una y otra, presten servicios en el territorio regional, la cual entenderá en todas las cuestiones de regulación de servicios, alojamiento de fuerzas y nombramiento y separación de personal.
Esta Junta, cuyo Reglamento ordenará su organización y su funcionamiento de acuerdo con el contenido de este artículo, tendrá una función informativa, pero la Generalidad no podrá proceder contra sus dictámenes en cuanto tenga relación con los, servicios coordinados.
En cuanto al personal de los servicios de Policía y orden interior de Cataluña atribuidos a la Generalidad, la propuesta de los nombramientos la hará su representación en la Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 9.º El Gobierno de la República, en uso de sus facultades y ejercicio de sus funciones constitucionales, podrá asumir la dirección de los servicios comprendidos en el artículo anterior e intervenir en el mantenimiento del orden interior de Cataluña, en los siguientes casos:
1.º A requerimiento de la Generalidad.
2.º A propia iniciativa cuando estime comprometido el interés general del Estado o su seguridad.
En ambos casos será oída la Junta de Seguridad de Cataluña, para dar por terminada la intervención del Gobierno de la República.
Para la declaración de estado de guerra, así como para el mantenimiento, suspensión o restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales, se aplicará la ley general del Orden público, que regirá en Cataluña como en todo el territorio de la República.
También regirán en Cataluña las disposiciones del Estado sobre fabricación, venta, transporte, tenencia y uso de armas y explosivos.
Art. 10. Corresponderá a la Generalidad la legislación sobre régimen local, que reconocerá a los Ayuntamientos y demás Corporaciones administrativas que cree, plena autonomía para el gobierno y dirección de sus intereses peculiares y les concederá recursos propios para atender a los servicios de su competencia. Esta legislación no podrá reducir la autonomía municipal a límites menores de los que señale la ley general del Estado.
Para el cumplimiento de sus fines, la Generalidad podrá establecer dentro de Cataluña las demarcaciones territoriales que estime convenientes.
Art. 11. Corresponde a la Generalidad la legislación exclusiva en materia civil, salvo lo dispuesto en el artículo 15, número 1 de la Constitución y la administración que le esté plenamente atribuida por este Estatuto.
La Generalidad organizará la Administración de Justicia en todos las jurisdicciones, excepto en la militar y en la de la Armada, conforme a los preceptos de la Constitución y a las leyes procesales y orgánicas del Estado.
La Generalidad nombrará los Jueces y Magistrados con jurisdicción en Cataluña mediante concurso entre los comprendidos en el escalafón general del Estado. El nombramiento de Magistrados del Tribunal de casación en Cataluña, corresponderá a la Generalidad, conforme a las normas que su Parlamento determine. La organización y funcionamiento del Ministerio fiscal corresponde íntegramente al Estado, de acuerdo con las leyes generales. Los funcionarios de la Justicia municipal serán designados por la Generalidad, según el régimen que establezca. Los nombramientos de secretarios judiciales y de personal auxiliar de la Administración de Justicia se harán por la Generalidad con arreglo a las leyes del Estado.
El Tribunal de casación de Cataluña tendrá jurisdicción propia sobre las materias civiles y administrativas cuya legislación exclusiva esté atribuida a la Generalidad.
Conocerá, además, el Tribunal de casación de Cataluña, de los recursos sobre calificación de documentos referentes al Derecho privativo catalán que deban motivar inscripción en los Registros de la Propiedad. Asimismo resolverá los conflictos de competencia y jurisdicción entre las autoridades judiciales de Cataluña. En las demás materias se podrá interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo de la República o el procedente según las leyes del Estado. El Tribunal Supremo de la República resolverá asimismo los conflictos de competencia y de jurisdicción entre los Tribunales de Cataluña y los demás de España.
Los registradores de la Propiedad serán nombrados por el Estado.
Los notarios los designará la Generalidad mediante oposición o concurso, que convocará ella misma con arreglo a las leyes del Estado. Cuando conforme a éstas deban proveerse las Notarías vacantes por concurso o por oposición entre los notarios, serán admitidos todos con iguales derechos, ya ejerzan en el territorio de Cataluña ya en el resto de España.
En cuantos concursos convoque la Generalidad serán condiciones preferentes el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes, sin que en ningún caso pueda establecerse la excepción de naturaleza o vecindad.
Los fiscales y registradores designados para Cataluña deberán conocer la lengua y el Derecho catalanes.
Art. 12. Corresponderá a la Generalidad de Cataluña la legislación exclusiva y la ejecución directa de las funciones siguientes:
a) La legislación y ejecución de ferrocarriles, caminos, canales, puertos y demás obras Públicas de Cataluña, salvo lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución.
b) Los servicios forestales, los agronómicos y pecuarios, Sindicatos y Cooperativas agrícolas, política y acción social agraria, salvo lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 15 de la Constitución y la reserva sobre leyes sociales consignadas en el número 1 del mismo artículo.
c) La Beneficencia.
d) La Sanidad interior, salvo lo dispuesto en el número 7 del artículo 15 de la Constitución.
e) El establecimiento y ordenación de Centros de contratación de mercancías y valores conforme a las normas generales del Código de Comercio.
f) Cooperativas, Mutualidades y Pósitos, con la salvedad, respecto de las leyes sociales, hecha en el párrafo primero del articulo 15 de la Constitución.
Art. 13. La Generalidad de Cataluña tomará las medidas necesarias para la ejecución de los Tratados y Convenios que versen sobre materias atribuidas, total o parcialmente, a la competencia regional por el presente Estatuto. Si no lo hiciera en tiempo oportuno, corresponderá adoptar dichas medidas al Gobierno de la República. Por tener a su cargo la totalidad de las relaciones exteriores, ejercerá siempre la alta inspección sobre el cumplimiento de los referidos Tratados y Convenios y sobre la observancia de los principios del derecho de gentes. Todos los asuntos que revistan este carácter, como la participación oficial en exposiciones y congresos internacionales de relación con los españoles residentes en el extranjero o cualesquiera otros análogos, serán de la exclusiva competencia del Estado.
TITULO III
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Art. 14. La Generalidad estará integrada por el Parlamento, el Presidente de la Generalidad y el Consejo ejecutivo.
Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de estos organismos de acuerdo con el Estatuto y la Constitución.
El Parlamento, que ejercerá las funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor de cinco años, por sufragio universal, directo, igual y secreto.
Los diputados del Parlamento de Cataluña serán inviolables por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
El Presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimismo representa a la región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa le esté reservada al Poder Central.
El Presidente de la Generalidad será elegido por el Parlamento de Cataluña y podrá delegar temporalmente sus funciones ejecutivas, mas no las de representación, en uno de los consejeros. El Presidente y los Consejeros de la Generalidad ejercerán las funciones ejecutivas y deberán dimitir sus cargos en caso de que el Parlamento les negara de un modo explícito la confianza.
Uno y otros son individualmente responsables ante el Tribunal de Garantías, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución, del Estatuto y de las leyes.
Art. 15. Todos los conflictos de jurisdicción que se susciten entre Autoridades de la República y de la Generalidad o entre organismos de ella dependientes, salvo lo dispuesto por el artículo 12 de este Estatuto para las cuestiones de competencia entre Autoridades judiciales, serán resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendrá la misma extensión de competencia en Cataluña que en el resto del territorio de la República.
TITULO IV
DE LA HACIENDA
Art. 16. La Hacienda de la Generalidad de Cataluña se constituye:
a) Con el producto de los impuestos que el Estado cede a la Generalidad.
b) Con un tanto por ciento en determinados impuestos de los no cedidos por el Estado.
c) Con los impuestos, derechos y tasas de las antiguas Diputaciones provinciales de Cataluña y con los que establezca la Generalidad.
Los recursos de la Hacienda de la Generalidad se cifrarán con sujeción a las siguientes reglas:
1.º El coste de los servicios cedidos por el Estado.
2.º Un tanto por ciento sobre la cuantía que resulte de aplicar la regla anterior por razón de los gastos imputables a servicios que se transfieran y que, teniendo consignación en el Presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Cataluña o los produzcan en cantidad inferior al importe de los servicios.
3.º Una suma igual al coeficiente de aumento que experimenten en lo sucesivo los gastos de los Presupuestos futuros de la República en los servicios correspondientes a la Generalidad de Cataluña.
Para cubrir las cuantías que resulten de aplicar las reglas anteriores, según el cálculo que realizará la Comisión mixta creada en el artículo único de la disposición transitoria de este Estatuto y que se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros, el Estado cede a la Generalidad:
I. La contribución territorial, rústica y urbana, con los recargos establecidos sobre la misma, debiendo abonar a los Ayuntamientos las participaciones que les corresponda.
II. El impuesto sobre los Derechos reales, las personas jurídicas y las transmisiones de bienes con sus recargos y con la obligación de aplicar los mismos tipos contributivos establecidos en leyes del Estado.
III. El 20 por 100 de propios, el 50 por 100 de Pesas y Medidas, el 10 por 100 de aprovechamientos forestales, el producto del canon de superficie y el impuesto sobre las explotaciones mineras.
IV. Una participación de las sumas que produzcan en Cataluña las contribuciones Industriales y de Utilidades, igual a la diferencia entre la cuantía de las contribuciones con sus recargos que se ceden en virtud de las tres reglas anteriores y el coste total de los servicios que el Estado transfiere a la Región autónoma, todo ello referido al momento de la transmisión. Si con una participación del 20 por 100 se cubriere dicha diferencia, se abonará el resto de la misma en forma de participación en el impuesto del timbre en la proporción necesaria.
Cada cinco años se procederá por una comisión de técnicos nombrados por el Ministro de Hacienda de la República y por la Generalidad a la revisión de las concesiones hechas en este artículo. Tanto los impuestos cedidos como los servicios traspasados a la Generalidad serán calculados por un aumento o una rebaja igual a la que hayan experimentado unos y otros en la Hacienda de la República. La propuesta de esta Comisión será elevada a la aprobación del Consejo de Ministros. En cualquier momento, el Ministro de Hacienda de la República podrá hacer una revisión extraordinaria en el régimen de Hacienda del presente Título, de común acuerdo con la Generalidad, y si esto no fuere posible, deberá someterse la reforma a la aprobación de las Cortes, siendo preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.
Art. 17. La Hacienda de la República respetará los actuales ingresos de las Haciendas locales de Cataluña sin gravar con nuevas contribuciones las bases de tribulación de aquéllas. La Generalidad podrá crear nuevas contribuciones que no se apliquen a las mismas materias que ya tributan en Cataluña a la República y podrá dar una nueva ordenación a sus ingresos.
Los nuevos tributos que establezca la Generalidad no podrán ser obstáculo a las nuevas imposiciones que con carácter general cree el Estado, y en caso de incompatibilidad, aquellos tributos quedarán absorbidos por los del Estado, con la compensación que corresponda. En ningún caso la ordenación tributaria de la Generalidad podrá estorbar la implantación y desarrollo del impuesto sobre la renta, que será tributo del Estado.
La Hacienda de la Generalidad podrá continuar recaudando por Delegación de la Hacienda de la República y con el premio que ésta tenga consignado en presupuesto, las contribuciones, impuestos y arbitrios que el Estado debe percibir en Cataluña, con excepción de los monopolios y de las Aduanas con sus anexos. Sin embargo, el Estado se reserva el derecho de rescatar la recaudación de sus tributos y gravámenes en el territorio catalán y de ordenarla libremente.
La Generalidad podrá emitir Deuda interior, pero ni la Generalidad ni sus Corporaciones locales podrán apelar al crédito extranjero sin autorización de las Cortes de la República. Si el Estado emite Deuda cuya producto haya de invertir total o parcialmente en la creación o mejoramiento de servicios que, en cuanto a Cataluña hayan sido transferidos a la Generalidad, ésta fijará las obras y servicios de la misma naturaleza que se propone realizar con la participación que se le otorgue en el empréstito dentro de un límite que no podrá exceder de una parte proporcional a la población de Cataluña con respecto a la población de España.
Los derechos del Estado en territorio catalán relativos a minas, agua, caza y pesca, los bienes de uso público y los que, sin ser de uso común, pertenezcan privativamente al Estado y estén destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, se transfieren a la Generalidad, excepto los que sigan afectos a funciones cuyos servicios se haya reservado el Gobierno de la República. Dichos bienes y derechos no podrán ser enajenados, gravados ni destinados a fines de carácter particular sin autorización del Estado.
El régimen de las concesiones de minas potásicas y de los posibles yacimientos de petróleo seguirá rigiéndose por las disposiciones vigentes, mientras el Estado no dicte nueva legislación sobre estas materias.
El Tribunal de Cuentas de la República fiscalizará anualmente la gestión de la Generalidad en cuanto a la recaudación de impuestos que le esté atribuida por la Delegación de Hacienda de la República y a la ejecución de servicios con encargo de ésta, siempre que se trate de servicios que tengan su designación especial en los presupuestos del Estado.
TITULO V
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
Art. 18. Este Estatuto podrá ser reformado:
a) Por iniciativa de la Generalidad, mediante "referéndum" de los Ayuntamientos y aprobación del Parlamento de Cataluña.
b) Por iniciativa del Gobierno de la República y a propuesta de la cuarta parte de los votos de las Cortes.
En uno y otro caso será preciso para la aprobación (definitiva) de la Ley de Reforma del Estatuto, las dos terceras partes del voto de las Cortes. Si el acuerdo de las Cortes de la República fuera rechazado por el "referéndum" de Cataluña, será menester para que prospere la reforma, la ratificación de las Cortes ordinarias, subsiguientes a las que le han acordado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo único. El Gobierno de la República queda facultado, dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de este Estatuto, para establecer las normas a que han de ajustarse el inventario de bienes y derechos y la adaptación de los servicios que pasan a la competencia de la Generalidad, encargando la ejecución de dichas normas a una Comisión mixta que designe por mitad en Consejo de Ministros y el Gobierno provisional de la Generalidad. Esta Comisión deberá tomar sus acuerdos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros como mínimo, sometiendo, en caso necesario, sus diferencias a la resolución del Presidente de las Cortes de la República.
Previo acuerdo con el Gobierno, la Generalidad fijará la fecha para la elección del primer Parlamento de Cataluña con arreglo al mismo procedimiento de las elecciones a Cortes Constituyentes.
Para las elecciones a que se refiere el párrafo anterior, el territorio de Cataluña se dividirá en las circunscripciones siguientes: Barcelona?ciudad, Barcelona?circunscripción, Gerona, Lérida y Tarragona. Las circunscripciones votarán un diputado por cada 40.000 habitantes, con el mínimo de 14 diputados por circunscripción.
Mientras no legisle sobre materias de su competencia, continuarán en vigor las leyes actuales del Estado que dichas materias se refieran, correspondiendo su aplicación a las Autoridades y organismos de la Generalidad, con las facultades asignadas actualmente a los del Estado.
"La Lucha de Catalauña por su emancipación" (Andreu Nin)
Julián Gorkin (segundo por la izquierda) y Andreu Nin (segundo por la derecha)
La lucha de Cataluña por su emancipación
Si los rasgos distintivos de una nación los constituyen la existencia de relaciones económicas determinadas, la comunidad de territorio, de idioma y cultura, Cataluña es indudablemente una nación. Cataluña, cuna de una burguesía comercial poderosa, entra desde los primeros momentos en lucha con el estado unitario español, representado por las castas parasitarias y feudales. Y cuando, como consecuencia del descubrimiento de América, el Mediterráneo pierde su importancia comercial y se prohibe a los catalanes comerciar con el Nuevo Mundo, la decadencia de la burguesía determina un colapso en el desarrollo económico y cultural del país.
Con la aparición de la industria y de la burguesía industrial, se acentúa el antagonismo con la oligarquía que rige los destinos de España y se inicia el movimiento de emancipación nacional, cuya intensidad aumenta en proporción directa con el desarrollo de la industria. La renaixença literaria que caracteriza los inicios del movimiento no es más que la envoltura externa, el medio de expresión inconsciente de ese antagonismo fundamental, que no tarda en manifestarse en toda su desnudez. En efecto, cuando el catalanismo empieza a tomar cuerpo como movimiento político, es para expresar las reivindicaciones de carácter económico de la burguesía industrial. Y cuando, con la pérdida de las colonias, Cataluña se ve privada de sus mercados más importantes y la incapacidad de la oligarquía gobernante aparece en toda su trágica magnitud, el catalanismo adquiere un nuevo y poderoso impulso. La protesta de la burguesía catalana se acentúa y se precisa. En la prensa de la época aparece reflejado el antagonismo de intereses entre la Cataluña industrial y la España agrariofeudal. La tesis de la burguesía catalana, expresada por uno de sus órganos más caracterizados, el Diario del Comercio, según un artículo que resumimos, es la siguiente: la industria catalana necesita importar algodón, lino, cáñamo, seda, lana, etcétera, con franquicia absoluta. A las demás regiones les conviene, en cambio, exportar sus frutos y sus primeras materias en las mejores condiciones posibles e importar, a bajo precio, los artículos manufacturados. "Esta es la verdad escueta que, sin ambages ni rodeos, cabe expresar concisamente de esta manera: Cataluña, económicamente, es un pueblo independiente que se hasta a sí mismo; el resto de España, salvo raras y honradísimas excepciones, es una colonia." Añádase a esto el descontento por el expediente, las trabas administrativas opuestas al desarrollo económico y al establecimiento de las industrias, y se tendrá una idea clara de los orígenes del movimiento catalán, movimiento indudablemente progresivo frente al estado semifeudal y despótico.
En este estudio, como hemos hecho ya observar más arriba, el movimiento de emancipación nacional de Cataluña no es más que un aspecto de la revolución democraticoburguesa en general, que tiende a destruir, en interés del desarrollo de las fuerzas productivas, las reminiscencias de carácter feudal y se distingue por los mismos rasgos característicos. La emancipación nacional, como la revolución democrática, no es posible más que con la participación de las masas obreras y campesinas, y esta participación, en las circunstancias históricas presentes, presupone la lucha contra los privilegios de la clase capitalista, el desbordamiento de los límites fijados por la burguesía. De aquí que ésta tienda al compromiso y a la alianza pura y simple con el poder central para aplastar el movimiento de masas. Así, en 1899, en uno de los momentos más graves para el centralismo español, la burguesía catalana presta su apoyo a Polavieja, el asesino de Rizal; en 1917, aterrorizada por la huelga general de agosto, da dos ministros a la monarquía; en 1919-1922 colabora directamente en la sangrienta represión ejecutada por los representantes del poder central; en 1923 facilita el golpe de estado de Primo de Rivera, y, finalmente, intenta apuntalar a la monarquía tambaleante participando en su último gobierno.
La traición de la gran burguesía en el terreno de la lucha por la emancipación nacional la desplaza —exactamente igual como en la revolución democrática— de la dirección del movimiento. Y entonces aparece, en primer término, la pequeña burguesía, la cual, gracias, por una parte, a su radicalismo y a su programa demagógico —es el caso de Maciá y de la Esquerra Republicana de Catalunya— y, por otra, a la ausencia de un gran partido proletario, consigue arrastrar tras de sí a las grandes masas populares. Pero la pequeña burguesía manifiesta desde el primer momento las vacilaciones y la indecisión propias de una clase incapaz, por su propia naturaleza económica, de desempeñar el papel independiente. Llevada del impulso inicial, proclama la República catalana, para batirse en retirada dos días después y contentarse con un Estatuto que establece una autonomía limitadísima. Y cuando los campesinos obligan al Parlamento catalán a consagrar de derecho —mediante la ley de Contratos de Cultivo— lo que habían ya conquistado de hecho, adopta una actitud de rebeldía frente al poder central, que se transforma progresivamente en actitud defensiva y se transformará indefectiblemente en una claudicación o en un compromiso equívoco.
Y, sin embargo, el movimiento nacional de Cataluña, por su contenido y por la participación de las masas populares, es, en el momento actual, un factor revolucionario de primer orden, que contribuye poderosamente, con el movimiento obrero, a contener el avance victorioso de la reacción. De aquí se deduce claramente la actitud que ha de adoptar ante el mismo el proletariado revolucionario:
1. Sostener activamente el movimiento de emancipación nacional de Cataluña, oponiéndose enérgicamente a toda tentativa de ataque por parte de la reacción.
2. Defender el derecho indiscutible de Cataluña para disponer libremente de sus destinos, sin excluir el de separarse del estado español, si ésta es su voluntad.
3. Considerar la proclamación de la República catalana como un acto de enorme trascendencia revolucionaria; y
4. Enarbolar la bandera de la República catalana, con el fin de desplazar de la dirección del movimiento a la pequeña burguesía indecisa y claudicante, que prepara el terreno a la victoria de la contrarrevolución, y hacer de la Cataluña emancipada del yugo español el primer paso hasta la Unión de República Socialistas de Iberia.
Andreu NIN: La cuestión nacional en el Estado español, Ed. Fontamara.
El decreto de Tarradellas (24 de octubre de 1936)
El Decreto de Tarradellas
El principio de la organización económico-social de la gran industria ha de ser la producción colectivizada.
La sustitución de la propiedad individual por la colectiva, la concibe el Consejo de la Generalidad colectivizando los bienes de la gran empresa, es decir, el capital, y dejando subsistir la propiedad privada de los bienes de consumo y de la pequeña industria (...).
Atendidas las consideraciones precedentes y visto el informe del Consejo de Economía, a propuesta del Consejo de Economía y de acuerdo con el Consejo, Decreto:
Articulo primero. De acuerdo con las normas que se establecen en el presente Decreto, las empresas industriales y comerciales de Cataluña se clasifican en:
a) Empresas colectivizadas, en las cuales la responsabilidad de la dirección recaen en los mismos obreros que las integran, representados por un Consejo de Empresa.
b) Empresas privadas, en las cuales la dirección está a cargo del propietario o gerente, con la colaboración y fiscalización del Comité Obrero de Control.
Art. 2.º Serán obligatoriamente colectivizadas todas las empresas industriales y comerciales que el día 30 de junio de 1936 tenían más de cien asalariados y también aquellas que, a pesar de tener una cifra inferior de obreros, los patronos hayan sido declarados facciosos o hayan abandonado la empresa. No obstante, las empresas de menos de cien obreros podrán ser colectivizadas si se ponen de acuerdo la mayoría de los trabajadores y el propietario o propietarios. En las empresas de más de cincuenta obreros y menos de cien, se podrá hacer también la colectivización siempre que lo acuerden las tres cuartas partes de los trabajadores (...).
El Consejero Primero, José Tarradellas.-El Consejero de Economía, Juan P. Fábregas.
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, 24 de octubre de 1936.
Solidaridad obrera y la crisis de la Generalidad (El Socialista, 18 de diciembre de 1936)
El Socialismo es la liberación (Lienas, 1936)
Solidaridad obrera y la crisis de la Generalidad
Barcelona, 17.-Solidaridad Obrera anuncia en su editorial de hoy la solución de la crisis de la Generalidad, y dice:
"Desde hoy, Cataluña cuenta con un Gobierno sin partidos políticos. No podía tolerar la CNT imposición alguna, viniera de donde viniera, ni admitir la inclusión de quien parece interpretar el afán de quebrantar la unidad proletaria establecida. Quienes a tal aspiraban no han hallado en nosotros terreno propicio. Los partidos sin base sindical que participaban en el Consejo de la Generalidad han sido apartados de tales funciones, pues no son los llamados a dirigir la vida pública, sino los sindicatos, piedra angular de la nueva economía que nace y cuya percepción será realizada por la propia experiencia.
En el nuevo Consejo creado no forma parte el Partido Socialista Unificado de Cataluña ni el Partido Obrero de Unificación Marxista, ni Acció Catalana.
Son la CNT y la UGT quienes, en su calidad de centrales sindicales mayoritarias, respectivamente, representarán al proletariado organizado en dicho Gobierno, correspondiendo a la Unió de Rabassaires la representación de los campesinos y a la Esquerra Republicana la representación de la pequeña burguesía. Será ésta la fórmula justa e ideal que nosotros propusimos hace meses, y ha sido necesario perder lastimosamente los días anteriores para que se llevara a la práctica."
El Socialista. Madrid, viernes 18 diciembre 1936, pág. 1.
Estatut de Catalunya (18 de diciembre de 1979)
Restablecimiento de la Generalitat
Estatut d'Autonomia de Catalunya
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
LLEI ORGÀNICA 4/1979, de 18 de desembre, d'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Text de la disposició:
Juan Carlos I, Rei d'Espanya
A tots quants la present vegin i entenguin,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat amb caràcter d'Orgànica i Jo sanciono la següent Llei:
Preàmbul
En el procés de recuperació de les llibertats democràtiques, el poble de Catalunya recobra les seves institucions d'autogovern.
Catalunya, exercint el dret a l'autonomia que la Constitució reconeix i garanteix a les nacionalitats i regions que integren Espanya, manifesta la seva voluntat de constituir-se en comunitat autònoma.
En aquesta hora solemne en què Catalunya recupera la seva llibertat, cal retre homenatge a tots els homes i dones que han contribuït a fer-ho possible.
El present Estatut és l'expressió de la identitat col·lectiva de Catalunya i defineix les seves institucions i les seves relacions amb l'Estat en un marc de lliure solidaritat amb les altres nacionalitats i regions. Aquesta solidaritat és la garantia de l'autèntica unitat de tots els pobles d'Espanya.
El poble català proclama com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d'avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els qui viuen, resideixen i treballen a Catalunya.
La llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat el lligam amb una història d'afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de la persona i dels pobles; història que els homes i dones de Catalunya volen prosseguir per tal de fer possible la construcció d'una societat democràtica avançada.
Per fidelitat a aquests principis i per fer realitat el dret inalienable de Catalunya a l'autogovern, els Parlamentaris catalans proposen, la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats acorda, el poble català referma i les Corts Generals ratifiquen el present Estatut.
Títol preliminar
Disposicions Generals
Article 1
1. Catalunya, com a nacionalitat i per accedir al seu autogovern, es constitueix en Comunitat Autònoma d'acord amb la Constitució i amb el present Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.
2. La Generalitat és la institució en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.
3. Els poders de la Generalitat emanen de la Constitució, del present Estatut i del poble.
Article 2
El territori de Catalunya com a comunitat autònoma és el de les comarques compreses en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, en el moment d'ésser promulgat el present Estatut.
Article 3
1. La llengua pròpia de Catalunya és el català.
2. L'idioma català és l'oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot l'Estat espanyol.
3. La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes, prendrà les mesures necessàries per tal d'assegurar llur coneixement i crearà les condicions que permetin d'arribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya.
4. La parla aranesa serà objecte d'ensenyament i d'especial respecte i protecció.
Article 4
La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc.
Article 5
1. La Generalitat de Catalunya estructurarà la seva organització territorial en municipis i comarques; també podrà crear demarcacions supracomarcals.
2. Així mateix podran ser creades agrupacions basades en fets urbanístics i metropolitans i altres de caràcter funcional i amb fins específics.
3. Una llei del Parlament regularà l'organització territorial de Catalunya d'acord amb el present Estatut, tot garantint l'autonomia de les diferents entitats territorials.
4. Allò que estableixen els apartats anteriors s'entendrà sense perjudici de l'organització de la província com a entitat local i com a divisió territorial per a l'acompliment de les activitats de l'Estat, de conformitat amb allò que preveuen els articles 137 i 141 de la Constitució.
Article 6
1. Als efectes del present Estatut, gaudeixen de la condició política de catalans els ciutadans espanyols que, d'acord amb les lleis generals de l'Estat, tinguin veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de Catalunya.
2. Gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits en aquest Estatut els ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta condició al corresponent consolat d'Espanya. També gaudiran d'aquests drets llurs descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten així, en la forma que determini la llei de l'Estat.
Article 7
1. Les normes i disposicions de la Generalitat i el dret civil de Catalunya tindran eficàcia territorial, sens perjudici de les excepcions que puguin establir-se en cada matèria i de les situacions que s'hagin de regir per l'estatut personal o altres normes d'extraterritorialitat.
2. Els estrangers que adquiriran la nacionalitat espanyola quedaran sotmesos al dret civil català mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, salvant que manifestessin llur voluntat en contra.
Article 8
1. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i deures fonamentals establerts a la Constitució.
2. Correspon a la Generalitat, com a poder públic i en l'àmbit de la seva competència, promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què aquest s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
Títol primer
Competències de la Generalitat
Article 9
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre es matèries següents:
1. Organització de les seves institucions d'autogovern, en el marc del present Estatut.
2. Conservació, modificació i desenvolupament del dret civil català.
3. Normes processals i de procediment administratiu que es derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l'organització de la Generalitat.
4. Cultura.
5. Patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sens perjudici d'allò que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.
6. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de dipòsit cultural que no siguin de titularitat estatal. Conservatoris de música i serveis de belles arts d'interès per a la Comunitat Autònoma.
7.Investigació, sens perjudici d'allò que disposa el número 15 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Les acadèmies que tinguin llur seu central a Catalunya.
8. Règim local, sens perjudici d'allò que disposa el número 1 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Alteracions dels termes municipals i denominació oficial dels municipis i topònims.
9. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge.
10. Monts, aprofitaments i serveis forestals, vies pecuàries i pastures, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, d'acord amb allò que disposa el número 23 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.
11. Higiene, tenint en compte allò que disposa l'article 16 d'aquest Estatut.
12. Turisme.
13. Obres públiques que no tinguin la qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti una altra comunitat autònoma.
14. Carreteres i camins l'itinerari dels quals passi íntegrament per territori de Catalunya.
15. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, heliports, aeroports i Servei Meteorològic de Catalunya, sens perjudici d'allò que disposen els números 20 i 21 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transports.
16. Aprofitaments hidràulics, canals i regadius, quan les aigües corrin íntegrament per dins de Catalunya; instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, quan aquest transport no surti del seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra província o comunitat autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. Tot això sens perjudici d'allò que estableix el número 25 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.
17. Pesca en aigües interiors, cria i recollida de mariscs, aqüicultura, caça i pesca fluvial i lacustre.
18. Artesania.
19. Ordenació farmacèutica, sens perjudici d'allò que disposa el número 16 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.
20. Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies i valors, de conformitat amb la legislació mercantil.
21. Cooperatives, pòsits i Mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.
22. Cambres de la Propietat, Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, sens perjudici d'allò que disposa el número 10 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.
23. Col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sens perjudici d'allò que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució.
24. Fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic, benèfico-assistencial i similars, que exerceixin principalment llurs funcions a Catalunya.
25. Assistència social.
26. Joventut.
27. Promoció de la dona.
28. Institucions públiques de protecció i tutela de menors, respectant, en tot cas, la legislació civil, penal i penitenciària.
29. Esport i lleure.
30. Publicitat, sens perjudici de les normes dictades per l'Estat per a sectors i mitjans específics.
31. Espectacles.
32. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les Apostes Mútues Esportivo-benèfiques.
33. Estadística d'interès de la Generalitat.
34. Les altres matèries que s'atribuiran expressament en el present Estatut com de competència exclusiva i les que, amb aquest caràcter i mitjançant una llei orgànica, seran transferides per l'Estat.
Article 10
1. En el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si s'escau, en els termes que aquella legislació estableixi, correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució de les matèries següents:
1. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de la Generalitat i dels ens públics que en depenguin, així com el règim estatutari de llurs funcionaris.
2. Expropiació forçosa, contractes i concessions administratives, en l'àmbit de competències de la Generalitat.
3. Reserva al sector públic de recursos o serveis essencials, especialment en cas de monopoli, i intervenció d'empreses quan ho exigeixi l'interès general.
4.Ordenació del crèdit, banca i assegurances.
5.Règim miner i energètic.
6.Protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.
7.Ordenació del sector pesquer.
2.Correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu del sistema de Consultes Populars Municipals en l'àmbit de Catalunya de conformitat amb allò que disposin les Lleis a les quals es refereix l'apartat 3 de l'article 92 i el número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució i corresponent a l'Estat l'autorització de llur convocatòria.
Article 11
Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en les matèries següents:
1.Penitenciària.
2. De treball, assumint les facultats, competències i serveis que en aquest àmbit i a nivell d'execució exerceix actualment l'Estat respecte a les relacions de treball, sens perjudici de l'alta inspecció d'aquest. Queden reservades a l'Estat totes les competències en matèria de migracions interiors i exteriors, fons d'àmbit nacional i de feina, sens perjudici d'allò que estableixin les normes de l'Estat sobre aquestes matèries.
3.Propietat intel·lectual i industrial.
4. Nomenament d'agents de canvi i borsa, corredors de comerç. Intervenció, si s'escau, en la delimitació de les demarcacions corresponents.
5. Pesos i mesures. Contrastació de metalls.
6. Fires internacionals que se celebrin a Catalunya.
7. Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal l'execució dels quals no es reservi l'Estat.
8. Ports i aeroports amb qualificació d'interès general, quan l'Estat no se'n reservi la gestió directa.
9. Ordenació del transport de mercaderies i viatgers que tinguin llur origen i destinació dins el territori de la Comunitat Autònoma, malgrat que circulin damunt les estructures de titularitat estatal a què es refereix el número 21 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució sens perjudici de l'execució directa que es reservi l'Estat.
10. Salvament marítim i abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l'Estat corresponents al litoral català.
11. Les altres matèries que s'atribuiran en el present Estatut expressament com de competència d'execució i les que amb aquest caràcter i mitjançant una llei orgànica seran transferides per l'Estat.
Article 12
1. D'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, correspon a la Generalitat, en els termes d'allò que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució, la competència exclusiva de les matèries següents:
Planificació de l'activitat econòmica a Catalunya.
Indústria, sens perjudici d'allò que determinin les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès militar, i les normes relacionades amb les indústries que estiguin sotmeses a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear. Queda reservada a la competència exclusiva de l'Estat l'autorització per a transferència de tecnologia estrangera.
El desenvolupament i execució a Catalunya dels plans establerts per l'Estat per a la reestructuració de sectors industrials.
Agricultura i ramaderia.
Comerç interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sens perjudici de la política general de preus i de la legislació sobre la defensa de la competència. Denominacions d'origen en col·laboració amb l'Estat.
Institucions de crèdit corporatiu, públic i territorial i caixes d'estalvi.
Sector públic econòmic de la Generalitat, en tot allò que no sigui tractat en altres normes d'aquest Estatut.
2. La Generalitat participarà, igualment, en la gestió del sector públic econòmic estatal, en els casos i activitats que correspongui.
Article 13
1. La Generalitat podrà crear una Policia Autònoma en el marc del present Estatut, i, en allò que no hi estigui específicament regulat, en el de la Llei Orgànica prevista a l'article 149, 1, 29 de la Constitució.
2. La Policia Autònoma de la Generalitat exercirà les funcions següents:
a) La protecció de les persones i béns i el manteniment de l'ordre públic.
b) La vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de la Generalitat.
c) Les altres funcions previstes en la Llei Orgànica a la qual es refereix l'apartat 1 del present article.
3. Pertoca a la Generalitat el comandament suprem de la Policia Autònoma i la coordinació de l'actuació de les policies locals.
4. Queden reservades, en tot cas, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat sota la dependència del Govern els serveis policíacs de caràcter extracomunitari i supracomunitari com és ara la vigilància de ports, aeroports, costes i fronteres, duanes, control d'entrada i de sortida del territori nacional d'espanyols i estrangers, règim general d'estrangeria, extradició i expulsió, emigració i immigració, passaports, document nacional d'identitat, tràfic d'armes i explosius, protecció fiscal de l'Estat, contraban i frau fiscal i les altres funcions que els encarrega directament l'article 104 de la Constitució i les que els atribueixi la Llei Orgànica que el desenvoluparà.
5. La Policia Judicial i els cossos que actuïn amb aquesta funció dependran dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal en les funcions especificades a l'article 126 de la Constitució i en els termes que disposin les lleis processals.
6. Es crea la Junta de Seguretat, formada per un nombre igual de representants del Govern i de la Generalitat, amb la missió de coordinar l'actuació de la policia de la Generalitat i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
7. La Junta de Seguretat determinarà l'Estatut, Reglament, dotacions, composició numèrica i estructura, el reclutament de la policia de la Generalitat, els comandaments de la qual seran designats entre caps i oficials de les Forces Armades i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que, mentre prestin servei en la policia de la Generalitat, passaran a la situació administrativa que prevegi la Llei Orgànica a la qual es refereix l'apartat 1 del present article o a la que determini el Govern, i en aquesta situació quedaran exclosos del fur militar. Les llicències d'armes correspondran, en tot cas, a l'Estat.
Article 14
1. En ús de les facultats i en exercici de les competències que la Constitució atribueix al Govern, aquest assumirà la direcció de tots els serveis compresos en l'article anterior i les forces i cossos de seguretat de l'Estat podran intervenir en funcions atribuïdes a la policia de la Generalitat, en els casos següents:
a) A requeriment de la Generalitat, i la intervenció cessarà a instàncies d'aquesta.
b) Per pròpia iniciativa, quan consideri greument compromès l'interès de l'Estat, i amb l'aprovació de la Junta de Seguretat. En supòsits d'especial urgència, les forces i cossos de seguretat de l'Estat podran intervenir sota la responsabilitat exclusiva del Govern, i aquest en donarà compte a les Corts Generals. Les Corts Generals, a través dels procediments constitucionals, podran exercir les competències que els corresponguin.
2. En els casos de declaració de l'estat d'alarma, d'excepció o de setge, totes les forces i cossos policíacs quedaran a les ordres directes de l'autoritat civil o militar que, en el seu cas, correspongui, d'acord amb la legislació que regularà aquestes matèries.
Article 15
És de competència plena de la Generalitat la regulació i administració de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seves competències, sens perjudici d'allò que disposen l'article 27 de la Constitució i Lleis Orgàniques que, conforme a l'apartat primer de l'article 81 d'aquella, el desenvolupin, de les facultats que atribueix a l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució i de l'alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.
Article 16
1. En el marc de les normes bàsiques de l'Estat, pertoca a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució del règim de radiodifusió i televisió en els termes i casos establerts en la llei que reguli l'Estatut Jurídic de la Ràdio i la Televisió.
2. Li pertoca igualment, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, el desenvolupament legislatiu i l'execució del règim de premsa i, en general, de tots els mitjans de comunicació social.
3. En els termes establerts als apartats anteriors d'aquest article, la Generalitat podrà regular, crear i mantenir la seva pròpia televisió, ràdio i premsa i, en general, tots els mitjans de comunicació social per a l'acompliment dels seus fins.
Article 17
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de sanitat interior.
2. En matèria de seguretat social, correspondrà a la Generalitat de Catalunya:
a) El desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat, salvant les normes que en configuren el règim econòmic.
b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.
3. Correspondrà també a la Generalitat de Catalunya l'execució de la legislació de l'Estat sobre productes farmacèutics.
4. La Generalitat de Catalunya podrà organitzar i administrar amb aquestes finalitats i dintre el seu territori tots els serveis relacionats amb les matèries susdites, i exercirà la tutela de les institucions, entitats i fundacions en matèria de sanitat i seguretat social, mentre que l'Estat es reservarà l'alta inspecció conduent al compliment de les funcions i competències contingudes en aquest article.
5. La Generalitat de Catalunya ajustarà l'exercici de les competències que assumeixi en matèria de sanitat i de seguretat social a criteris de participació democràtica de tots els interessats, així com dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la llei establirà.
Article 18
Quant a l'administració de justícia, llevat de la militar, correspon a la Generalitat:
1. Exercir totes les facultats que les Lleis Orgàniques del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l'Estat.
2. Fixar la delimitació de les demarcacions territorials dels òrgans jurisdiccionals a Catalunya i la localització de llur capitalitat.
3. Coadjuvar en l'organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació dels Jutjats, sotmetent-se en tot cas a allò que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Article 19
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el qual s'integrarà l'actual Audiència Territorial de Barcelona, és l'òrgan jurisdiccional en què culminarà l'organització judicial en el seu àmbit territorial i davant el qual s'esgotaran les successives instàncies processals, en els termes de l'article 152 de la Constitució i d'acord amb el present Estatut.
Article 20
1. La competència dels òrgans jurisdiccionals a Catalunya s'estén:
a) En l'ordre civil, a totes les instàncies i graus, inclosos els recursos de cassació i de revisió en les matèries de Dret Civil Català.
b) En l'ordre penal i social, a totes les instàncies i graus, amb excepció dels recursos de cassació i de revisió.
c) En l'ordre contenciós-administratiu, a totes les instàncies i graus quan es tracti d'actes dictats pel Consell Executiu o Govern i per l'Administració de la Generalitat, en les matèries la legislació de les quals correspongui de manera exclusiva a la Comunitat Autònoma i, en primera instància, quan es tracti d'actes dictats per l'Administració de l'Estat a Catalunya.
d) A les qüestions de competència entre òrgans judicials a Catalunya.
e) Als recursos sobre qualificació de documents referents al dret privatiu català que hauran de tenir accés als Registres de la Propietat.
2. En la resta de matèries es podrà interposar, quan s'escaigui, davant el Tribunal Suprem, el recurs de cassació o el que correspongui segons les Lleis de l'Estat i, si s'escau, el de revisió. El Tribunal Suprem resoldrà també els conflictes de competència i jurisdicció entre els Tribunals de Catalunya i els de la resta d'Espanya.
Article 21
1. El President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya serà nomenat pel Rei a proposta del Consell General del Poder Judicial. El President de la Generalitat ordenarà la publicació d'aquest nomenament al Diari Oficial de la Generalitat.
2. El nomenament dels Magistrats, Jutges i Secretaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'efectuarà en la forma prevista a les lleis orgàniques del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial.
Article 22
A instància de la Generalitat, l'òrgan competent convocarà els concursos i oposicions per a cobrir les places vacants a Catalunya de Magistrats, Jutges, Secretaris judicials i tot altre personal al servei de l'Administració de Justícia d'acord amb allò que disposi la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Article23
1. Els concursos, oposicions i nomenaments per a cobrir les places vacants a Catalunya de Magistrats, Jutges, Secretaris judicials i altre personal al servei de l'administració de Justícia seran efectuats en la forma prevista en les Lleis Orgàniques del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial i hi serà un mèrit preferent l'especialització en dret català. En cap cas no es podrà establir l'excepció de naturalesa o veïnatge.
2. L'organització i el funcionament del Ministeri Fiscal correspon íntegrament a l'Estat, de conformitat amb les lleis generals.
Article 24
1. Els Notaris i els Registradors de la Propietat i Mercantils seran nomenats per la Generalitat, de conformitat amb les Lleis de l'Estat. Per a la provisió de notaries els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si exerceixen en el territori de Catalunya com a la resta d'Espanya. En aquests concursos i oposicions, serà mèrit preferent l'especialització en dret català. En cap cas no es podrà establir l'excepció de naturalesa o veïnatge.
2. La Generalitat participarà en la fixació de les demarcacions corresponents als Registres de la Propietat i Mercantils per a acomodar-les a allò que es disposi en aplicació de l'article 18, paràgraf 2 d'aquest Estatut. També participarà en la fixació de les demarcacions notarials i del nombre de notaris, d'acord amb allò que prevegin les lleis de l'Estat.
Article 25
1. Totes les competències esmentades en els articles anteriors i d'altres en aquest Estatut, s'entenen referides al territori de Catalunya.
2. En l'exercici de les seves competències exclusives correspon a la Generalitat, segons s'escaigui, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, inclosa la inspecció. En el cas de les matèries assenyalades a l'article 11 d'aquest Estatut, o amb el mateix caràcter en altres dels seus preceptes, llur exercici s'haurà de sotmetre a les normes reglamentàries que l'Estat dicti en desenvolupament de la seva legislació.
3. La Generalitat de Catalunya integrarà en la seva organització els serveis corresponents per tal de dur a terme les competències que li atribueix aquest Estatut.
Article 26
1. En matèria de la competència exclusiva de la Generalitat, el dret català és l'aplicable en el seu territori amb preferència a qualsevol altre.
2. En defecte de dret propi el dret de l'Estat serà d'aplicació supletòria.
3. En la determinació de les fonts del dret civil, l'Estat respectarà les normes de dret civil català.
Article 27
1. Per a la gestió i prestació de serveis propis corresponents a matèries de la seva competència exclusiva, la Generalitat podrà celebrar convenis amb altres comunitats autònomes. Aquests acords hauran d'ésser aprovats pel Parlament de Catalunya i comunicats a les Corts Generals i entraran en vigor al cap de trenta dies d'aquesta comunicació, salvant que les Corts acordin en l'esmentat termini que, per llur contingut, el conveni ha de seguir el tràmit previst en el paràgraf segon d'aquest article com a acord de cooperació.
2. La Generalitat també podrà establir acords de cooperació amb altres comunitats autònomes, prèvia autorització de les Corts Generals.
3. La Generalitat de Catalunya adoptarà les mesures necessàries per a l'execució dels tractats i convenis internacionals en allò que afectin les matèries atribuïdes a la seva competència, segons el present Estatut.
4. Per tal com el català és patrimoni d'altres territoris i comunitats, ultra els vincles i la correspondència que mantinguin les institucions acadèmiques i culturals, la Generalitat podrà sol·licitar del Govern que celebri i presenti, si s'escau, a les Corts Generals, per a llur autorització, els tractats o convenis que permetin l'establiment de relacions culturals amb els Estats on s'integrin o resideixin aquells territoris i comunitats.
5. La Generalitat serà informada, en l'elaboració dels tractats i convenis, així com dels projectes de legislació duanera, en allò que afecti matèries del seu específic interès.
Article 28
1. La Generalitat podrà sol·licitar de l'Estat la transferència o delegació de competències no assumides en el present Estatut.
2. La Generalitat podrà sol·licitar de les Corts Generals que les lleis marc que aquestes aprovin en matèria de competència exclusiva de l'Estat atribueixin expressament a la Generalitat la facultat de legislar en el desenvolupament de les esmentades lleis, en els termes de l'apartat 1 de l'article 150 de la Constitució.
3. Correspon al Parlament de Catalunya la competència per a formular les anteriors sol·licituds, i per a determinar l'organisme de la Generalitat a favor del qual caldrà atribuir en cada cas la competència transferida o delegada.
Títol segon
De la Generalitat
Article 29
1. La Generalitat està integrada pel Parlament, el President de la Generalitat i el Consell Executiu o Govern.
2. Les lleis de Catalunya ordenaran el funcionament d'aquestes institucions d'acord amb la Constitució i el present Estatut.
Capítol I
El Parlament
Article 30
1. El Parlament representa el poble de Catalunya i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos, impulsa i controla l'acció política de govern i exerceix les altres competències que li siguin atribuïdes per la Constitució i, d'acord amb ella i l'Estatut, per la llei que aprovi el propi Parlament.
2. El Parlament és inviolable.
3. El Parlament té la seu a la ciutat de Barcelona, però podrà celebrar reunions en altres indrets de Catalunya en la forma i supòsits que la llei determinarà.
Article 31
1. El Parlament serà elegit per un termini de quatre anys, per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d'acord amb la llei electoral que el mateix Parlament aprovarà. El sistema electoral serà de representació proporcional i assegurarà a més l'adequada representació de totes les zones del territori de Catalunya.
2. Els membres del Parlament de Catalunya seran inviolables pels vots i opinions que emetin en l'exercici de llur càrrec. Durant llur mandat, no podran ésser detinguts ni retinguts pels actes delictius comesos en el territori de Catalunya, salvant en cas de flagrant delicte, i correspondrà de decidir, en tot cas, sobre llur inculpació, presó, processament i judici, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fora d'aquest territori la responsabilitat penal serà exigible en els mateixos termes davant la Sala de Justícia Penal del Tribunal Suprem.
3. Els diputats no estaran sotmesos a mandat imperatiu.
Article 32
1. El Parlament tindrà un president, una Mesa i una Diputació permanent. El reglament del Parlament en regularà la composició i elecció.
2. Funcionarà en ple i en comissions. Les comissions permanents podran elaborar i aprovar lleis, sens perjudici de la capacitat del plenari per a reclamar-ne el debat i aprovació en qualsevol moment del procés legislatiu.
3. El Reglament precisarà el nombre mínim de diputats per a la formació dels Grups parlamentaris, la intervenció d'aquests en el procés legislatiu i les funcions de la junta de llurs portaveus. Els Grups Parlamentaris participaran en totes les comissions en proporció de llurs membres.
4. El Parlament es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions extraordinàries seran convocades pel seu President, per acord de la Diputació permanent o a petició d'una quarta part dels diputats o del nombre de Grups Parlamentaris que el reglament determinarà. També es reunirà en sessió extraordinària a petició del President de la Generalitat.
5. Els acords, per a ésser vàlids, tant al ple com a les comissions, hauran d'ésser adoptats en reunions reglamentàries amb l'assistència de la majoria dels components i per aprovació de la majoria dels presents, llevat dels casos en què el reglament o la llei exigeixin un quòrum més alt.
6. La iniciativa legislativa correspon als diputats, al Consell Executiu o Govern i, en els termes que una llei de Catalunya estableixi, als òrgans polítics representatius de les demarcacions supramunicipals de l'organització territorial de Catalunya. La iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei que hagin d'ésser tramitades pel Parlament de Catalunya serà regulada per aquest mitjançant una llei, d'acord amb allò que estableix la llei orgànica prevista a l'article 87, 3, de la Constitució.
Article 33
1. El Parlament de Catalunya exerceix la potestat legislativa mitjançant l'elaboració de lleis. Aquesta potestat només serà delegable en el Consell Executiu o Govern en termes idèntics a aquells que per al supòsit de delegació de les Corts Generals al Govern estableixen els articles 82, 83 i 84 de la Constitució.
2. Les lleis de Catalunya seran promulgades, en nom del Rei, pel President de la Generalitat, el qual n'ordenarà la publicació al Diari Oficial de la Generalitat en el termini de quinze dies des de llur aprovació i al Boletín Oficial del Estado. A efectes de llur entrada en vigor regirà la data de llur publicació al Diari Oficial de la Generalitat. La versió oficial castellana serà la de la Generalitat.
Article 34
També correspon al Parlament de Catalunya:
1. Designar els senadors que representaran la Generalitat al Senat. La designació s'haurà de fer en convocatòria específica per a aquest tema i en proporció al nombre de diputats de cada Grup Parlamentari. Els senadors designats d'acord amb aquest article hauran d'ésser diputats del Parlament de Catalunya i cessaran com a senadors, a part d'allò que disposa en aquesta matèria la Constitució, quan cessin com a Diputats.
2. Elaborar proposicions de llei per a presentar-les a la Mesa del Congrés dels Diputats i nomenar un màxim de tres diputats del Parlament encarregats de llur defensa.
3. Sol·licitar al Govern de l'Estat l'adopció d'un projecte de llei.
4. Interposar el recurs d'inconstitucionalitat i personar-se davant el Tribunal Constitucional en els conflictes de competència als quals fa referència l'apartat c) del número 1 de l'article 161 de la Constitució.
Article 35
Sens perjudici de la institució prevista a l'article 54 de la Constitució i de la coordinació amb aquesta, el Parlament podrà nomenar un Síndic de Greuges per a la defensa dels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans, a efectes de la qual podrà supervisar les activitats de l'administració de la Generalitat. Una llei de Catalunya n'establirà l'organització i el funcionament.
Capítol II
El President
Article 36
1. El President serà elegit pel Parlament entre els seus membres i nomenat pel Rei.
2. El President de la Generalitat dirigeix i coordina l'acció del Consell Executiu o Govern i ostenta la més alta representació de la Generalitat i l'ordinària de l'Estat a Catalunya.
3. El President podrà delegar temporalment funcions executives en un dels Consellers.
4. El President serà, en tot cas, políticament responsable davant del Parlament.
5. Una llei de Catalunya determinarà la forma d'elecció del President, el seu estatut personal i les seves atribucions.
Capítol III
El Consell Executiu o Govern
Article 37
1. El Consell, òrgan col·legiat de govern amb funcions executives i administratives, serà regulat per llei de Catalunya la qual en determinarà la composició, l'estatut, la forma de nomenament i la cessació dels membres i llurs atribucions.
2. El Consell respon políticament davant del Parlament de forma solidària, sens perjudici de la responsabilitat directa de cada Conseller per la seva gestió.
3. La seu del Consell serà a la ciutat de Barcelona, i els seus organismes, serveis i dependències podran establir-se en diferents indrets de Catalunya d'acord amb criteris de descentralització, desconcentració i coordinació de funcions.
4. Totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell Executiu o Govern i de l'Administració de la Generalitat que ho requeriran seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat. Aquesta publicació serà suficient, a tots els efectes, per a la validesa dels actes i l'entrada en vigor de les disposicions i normes de la Generalitat. En relació amb la publicació al Boletín Oficial del Estado, caldrà atenir-se a allò que disposi la corresponent norma de l'Estat.
Article 38
El President de la Generalitat i els Consellers, durant llur mandat i pels actes delictius comesos en territori de Catalunya, no podran ésser detinguts ni retinguts sinó en cas de flagrant delicte, i correspondrà decidir, en tot cas, sobre llur inculpació, presó, processament i judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fora de l'esmentat territori, la responsabilitat penal serà exigible en els mateixos termes davant la Sala de Justícia Penal del Tribunal Suprem.
Article 39
El Consell podrà interposar recurs d'inconstitucionalitat. També podrà, per iniciativa pròpia o previ acord del Parlament, personar-se davant el Tribunal Constitucional en els conflictes de competència als quals fa referència l'apartat c) del número 1 de l'article 161 de la Constitució.
Capítol IV
Del control de la Generalitat
Article 40
1. Les lleis de Catalunya estaran excloses del recurs contenciós-administratiu i només estaran sotmeses al control de llur constitucionalitat exercit pel Tribunal Constitucional.
2. Contra els actes i acords i les normes reglamentàries emanades dels òrgans executius i administratius de la Generalitat, es podrà presentar recurs davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Article 41
Sens perjudici d'allò que disposa l'apartat 1 de l'article anterior, una llei de Catalunya crearà i regularà el funcionament d'un organisme de caràcter consultiu que dictaminarà, en els casos que la mateixa llei determinarà, sobre l'adequació al present Estatut dels projectes o proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament de Catalunya. La interposició davant del Tribunal Constitucional del recurs d'inconstitucionalitat pel Consell Executiu o Govern de la Generalitat o pel Parlament de Catalunya exigirà com a requisit previ un dictamen de l'esmentat organisme.
Article 42
Sens perjudici del que disposa l'article 136 i l'apartat d) de l'article 153 de la Constitució es crea la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Una Llei de Catalunya en regularà l'organització i funcionament i establirà les garanties, normes i procediments per a assegurar la rendició dels comptes de la Generalitat, la qual serà sotmesa a l'aprovació del Parlament.
Títol tercer
Finances i Economia
Article 43
1. El patrimoni de la Generalitat estarà integrat per:
1) El patrimoni de la Generalitat en el moment d'aprovar-se l'Estatut.
2) Els béns afectes a serveis traspassats a la Generalitat.
3) Els béns adquirits per la Generalitat per qualsevol títol jurídic vàlid.
2. El patrimoni de la Generalitat, la seva administració, defensa i conservació seran regulats per una llei de Catalunya.
Article 44
La hisenda de la Generalitat es constitueix amb:
1. Els rendiments dels impostos que la Generalitat establirà.
2. Els rendiments dels impostos cedits per l'Estat als quals es refereix la Disposició addicional sisena i de tots aquells la cessió dels quals sigui aprovada per les Corts Generals.
3. Un percentatge de participació en la recaptació total de l'Estat per impostos directes i indirectes, inclosos els monopolis fiscals.
4. El rendiment de les seves pròpies taxes per aprofitaments especials i per la prestació de serveis directes de la Generalitat, siguin de pròpia creació o com a conseqüencia de traspassos de serveis estatals.
5. Les contribucions especials que estableixi la Generalitat en l'exercici de les seves competències.
6. Els recàrrecs sobre impostos estatals.
7. Si s'escau, els ingressos procedents del Fons de Compensació Interterritorial.
8. Altres assignacions a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
9. L'emissió de deute i el recurs al crèdit.
10. Els rendiments del patrimoni de la Generalitat.
11. Ingressos de dret privat; llegats i donacions, subvencions.
12. Multes i sancions en l'àmbit de les seves competències.
Article 45
1. Quan es completi el traspàs de serveis, o en complir-se el sisè any de vigència d'aquest Estatut, si la Generalitat ho sol·licita, la participació anual en els ingressos de l'Estat citada al número 3 de l'article anterior i definida a la disposició transitòria 3ª es negociarà damunt les bases següents:
a) La mitjana dels coeficients de població i esforç fiscal de Catalunya, aquest últim mesurat per la recaptació al seu territori de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
b) La quantitat equivalent a l'aportació proporcional que correspongui a Catalunya pels serveis i càrregues generals que l'Estat continuï assumint com a propis.
c) El principi de solidaritat interterritorial al qual es refereix la Constitució, que s'aplicarà en funció de la relació inversa de la renda real per habitant a Catalunya respecte a la de la resta d'Espanya.
d) Altres criteris que es considerin procedents.
2. La fixació del nou percentatge de participació serà objecte de negociació inicial i serà revisable a sol·licitud del Govern o de la Generalitat cada cinc anys.
Article 46
1. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels seus propis tributs correspondrà a la Generalitat, la qual disposarà de plenes atribucions per a l'execució i organització d'aquestes tasques, sens perjudici de la col·laboració que pugui establir-se amb l'Administració Tributària de l'Estat, especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut.
2. En el cas dels impostos els rendiments dels quals haguessin estat cedits, la Generalitat assumirà per delegació de l'Estat llur gestió, recaptació, liquidació i inspecció, sens perjudici de la col·laboració que pugui establir-se entre ambdues administracions, tot això d'acord amb allò que especifiqui la llei que fixarà l'abast i condicions de la cessió.
3. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels altres impostos de l'Estat recaptats a Catalunya correspondrà a l'Administració Tributària de l'Estat, sens perjudici de la delegació que la Generalitat pugui rebre d'aquest, i de la col·laboració que pugui establir-se especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut.
Article 47
La Generalitat gaudirà del tractament fiscal que la llei estableixi per a l'Estat.
Article 48
1. Correspon a la Generalitat la tutela financera sobre els ens locals respectant l'autonomia que els reconeixen els articles 140 i 142 de la Constitució i d'acord amb l'article 9,8, d'aquest Estatut.
2. És competència dels ens locals de Catalunya la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels tributs propis que els atribueixin les lleis, sens perjudici de la delegació que puguin atorgar per a aquestes facultats a favor de la Generalitat. Mitjançant una llei de l'Estat serà establert el sistema de col·laboració dels ens locals, de la Generalitat i de l'Estat per a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs que es determinaran. Els ingressos dels ens locals de Catalunya consistents en participacions en ingressos estatals i en subvencions incondicionades, seran percebuts a través de la Generalitat, que els distribuirà d'acord amb els criteris legals que seran establerts per a les esmentades participacions.
Article 49
Correspon al Consell Executiu o Govern l'elaboració i aplicació del pressupost de la Generalitat, i al Parlament el seu examen, esmena, aprovació i control. El pressupost serà únic i inclourà la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat i dels organismes, institucions i empreses que en depenguin.
Article 50
Correspon exclusivament al Parlament la potestat pròpia de la Generalitat, d'establir i exigir els impostos, taxes i contribucions especials, així com la fixació de recàrrecs.
Article 51
1. La Generalitat, mitjançant acord del Parlament, podrà emetre deute públic per a finançar despeses d'inversió.
2. El volum i característiques de les emissions s'establiran d'acord amb l'ordenació general de la política creditícia i en coordinació amb l'Estat.
3. Els títols emesos tindran la consideració de fons públics a tots els efectes.
Article 52
La Generalitat queda facultada per a constituir institucions que fomentin la plena ocupació i el desenvolupament econòmic i social en el marc de les seves competències.
Article 53
La Generalitat, d'acord amb allò que estableixin les lleis de l'Estat, designarà els seus propis representants en els organismes econòmics, les institucions financeres i les empreses públiques de l'Estat la competència dels quals s'estengui al territori català i que per llur natura no siguin objecte de traspàs.
Article 54
La Generalitat podrà constituir empreses públiques com a mitjà d'execució de les funcions que siguin de la seva competència, segons allò que estableix el present Estatut.
Article 55
1. La Generalitat, com a poder públic, podrà fer ús de les facultats previstes a l'apartat 1) de l'article 130 de la Constitució, i podrà fomentar mitjançant una legislació adequada les societats cooperatives en els termes resultants del número 24 de l'article 9 del present Estatut.
2. Així mateix, d'acord amb la legislació de l'Estat en la matèria, podrà fer ús de les altres facultats previstes a l'apartat 2 de l'article 129 de la Constitució.
Títol quart
Reforma de l'Estatut
Article 56
1. La reforma de l'Estatut s'ajustarà al següent procediment:
a) La iniciativa de la reforma correspondrà al Consell Executiu o Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya a proposta d'una cinquena part dels seus diputats o a les Corts Generals.
b) La proposta de la reforma requerirà, en tot cas, l'aprovació del Parlament de Catalunya per majoria de dues terceres parts, l'aprovació de les Corts Generals mitjançant Llei Orgànica i, finalment, el referèndum positiu dels electors.
2. Si la proposta de reforma no és aprovada pel Parlament de Catalunya o per les Corts Generals, o no és refermada mitjançant referèndum pel cos electoral, no podrà ésser sotmesa novament al debat i votació del Parlament fins que haurà transcorregut un any.
3. L'aprovació de la reforma per les Corts Generals mitjançant una Llei Orgànica inclourà l'autorització de l'Estat perquè la Generalitat convoqui el referèndum al qual es refereix el paràgraf b) de l'apartat 1, d'aquest article.
Article 57
No obstant allò que disposa l'article anterior, quan la reforma tingués per objecte la simple alteració de l'organització dels poders de la Generalitat i no afectés les relacions de la Comunitat Autònoma amb l'Estat, es podrà procedir de la manera següent:
a) Elaboració del projecte de reforma pel Parlament de Catalunya.
b) Consulta a les Corts Generals.
c) Si en el termini de trenta dies, a partir de la recepció de la consulta prevista a l'apartat precedent, les Corts Generals no es declaressin afectades per la reforma, es convocarà degudament autoritzat un referèndum sobre el text proposat.
d) Es requerirà, finalment, l'aprovació de les Corts Generals mitjançant una Llei Orgànica.
e) Si en el termini assenyalat a la lletra c) les Corts es declaressin afectades per la reforma, aquesta haurà de seguir el procediment previst a l'article anterior, donant per acomplerts els tràmits de l'apartat a) del número 1 de l'esmentat article.
Disposicions addicionals
Primera
En el marc de la Constitució i del present Estatut seran reconegudes i actualitzades les peculiaritats històriques de l'organització administrativa interna de la Vall d'Aran.
Segona
Mitjançant la corresponent norma de l'Estat, i sota la tutela d'aquest, es crearà i regularà la composició i funcions d'un Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en el qual tindran participació preeminent la Generalitat de Catalunya, altres Comunitats Autònomes i províncies, si s'escau.
Tercera
1. Mentre no siguin cobertes per llurs titulars, i sempre que hagin resultat deserts els concursos i oposicions corresponents, les vacants existents o que es produiran en els òrgans jurisdiccionals de Catalunya podran ésser cobertes, temporalment, per personal designat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, aplicant les normes que per a aquest supòsit contingui la Llei Orgànica del Poder Judicial. El personal interí que en el seu cas serà nomenat cessarà quan sigui nomenat el titular.
2. Quan les necessitats del servei ho aconsellaran, i mentre no serà resolta l'oportuna ampliació de plantilla del personal al servei de l'Administració de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya podrà cobrir interinament, d'acord amb allò previst a l'apartat anterior, les places de les quals se sol·licita l'ampliació. Als efectes d'aquest precepte es considera personal al servei de l'Administració de Justícia el que així es definirà en la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Quarta
A partir de l'entrada en vigor del present Estatut, els pressupostos que elaboraran i aprovaran les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona seran units al de la Generalitat.
Cinquena
Atesa la vocació cultural de Catalunya, l'Estat i la Generalitat hi consideraran el servei de la cultura com a deure i atribució essencial, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2 de l'article 149 de la Constitució i per això col·laboraran en llurs accions per al foment i desenvolupament del patrimoni cultural comú, en les seves diferents expressions lingüístiques i modalitats.
En el marc d'aquesta col·laboració es facilitarà la comunicació cultural amb altres comunitats autònomes i províncies, prestant especial atenció a totes aquelles amb les quals Catalunya hagués tingut particulars vincles històrics, culturals o comercials.
Sisena
1. Se cedeix a la Generalitat, en els termes previstos al paràgraf 3 d'aquesta Disposició, el rendiment dels següents tributs:
a) Impost sobre el Patrimoni net.
b) Impost sobre transmissions patrimonials.
c) Impost sobre successions i donacions.
d) Impostos sobre el luxe que es recapten al lloc de destinació.
L'eventual supressió o modificació d'algun d'aquests impostos implicarà l'extinció o modificació de la cessió.
2. El contingut d'aquesta Disposició podrà ésser modificat mitjançant acord del Govern amb la Generalitat, que serà tramitat pel Govern com a projecte de llei. A aquests efectes, la modificació de la present Disposició no serà considerada modificació de l'Estatut.
3. L'abast i condicions de la cessió s'establiran per la Comissió Mixta a la qual es refereix l'apartat 2 de la Disposició transitòria 3a., que en tot cas els referirà a rendiments a Catalunya. El Govern tramitarà l'acord de la Comissió com a projecte de llei, o, si concorreguessin raons d'urgència, com a Decret-llei, en el termini de sis mesos a partir de la constitució del primer Consell Executiu o Govern de la Generalitat.
Setena
L'exercici de les competències financeres reconegudes per aquest Estatut a la Generalitat s'ajustarà a allò que estableixi la Llei Orgànica a la qual es refereix l'apartat 3 de l'article 157 de la Constitució.
Disposicions transitòries
Primera
La Junta de Seguretat prevista al paràgraf 6 de l'article 13 d'aquest Estatut haurà de constituir-se en el termini de tres mesos, a partir del nomenament del primer Consell Executiu o Govern de la Generalitat que es constituirà, d'acord amb allò que preveu aquest Estatut, als efectes de coordinar les competències de l'Estat i de la Generalitat en aquesta matèria.
Segona
Mentre les Corts Generals no elaboraran les lleis a les quals es refereix aquest Estatut, i el Parlament de Catalunya no legislarà sobre les matèries de la seva competència, continuaran en vigor les actuals lleis i disposicions de l'Estat que es refereixen a les esmentades matèries, sens perjudici que llur desenvolupament legislatiu, si s'escau, i llur execució, siguin efectuats per la Generalitat en els supòsits així previstos en aquest Estatut.
Tercera
1. Fins que s'haurà completat el traspàs dels serveis corresponents a les competències fixades a la Generalitat per aquest Estatut, l'Estat garantirà el finançament dels serveis transferits a la Generalitat amb una quantitat igual al cost efectiu del servei a Catalunya en el moment de la transferència.
2. Per tal de garantir el finançament dels serveis esmentats, es crea una Comissió Mixta paritària Estat-Generalitat, que adoptarà un mètode encaminat a fixar el percentatge de participació previst a l'apartat 3 de l'article 44. El mètode a seguir tindrà en compte tant els costos directes com els costos indirectes dels serveis, i també les despeses d'inversió que corresponguin.
3. La Comissió Mixta de l'apartat anterior fixarà el citat percentatge, mentre duri el període transitori, amb una antelació mínima d'un mes a la presentació dels Pressupostos Generals de l'Estat a les Corts.
4. A partir del mètode fixat a l'apartat segon, s'establirà un percentatge en el qual es considerarà el cost efectiu global dels serveis transferits per l'Estat a la Generalitat, minorat pel total de la recaptació obtinguda per la Generalitat pels tributs cedits, en relació amb la suma dels ingressos obtinguts per l'Estat en els capítols I i II de l'últim pressupost anterior a la transferència dels serveis valorats.
Quarta
Mentre una llei de Catalunya no regularà el procediment per a les eleccions al Parlament, aquest serà elegit d'acord amb les normes següents:
1. Previ acord amb el Govern, el Consell Executiu de la Generalitat Provisional convocarà les eleccions en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la promulgació d'aquest Estatut. Les eleccions s'hauran de celebrar en el termini màxim de seixanta dies des del de la convocatòria.
2. Les circumscripcions electorals seran les quatre províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El Parlament de Catalunya estarà integrat per 135 diputats, dels quals la circumscripció de Barcelona elegirà un Diputat per cada 50.000 habitants, amb un màxim de 85 Diputats. Les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona elegiran un mínim de sis diputats més un per cada 40.000 habitants, i els seran atribuïts 17, 15 i 18 diputats, respectivament.
3. Els diputats seran elegits per sufragi universal igual, directe i secret dels majors de divuit anys, segons un sistema d'escrutini proporcional.
4. Les Juntes Provincials electorals tindran, dins els límits de llur respectiva jurisdicció, la totalitat de les competències que la normativa electoral vigent atribueix a la Junta Central.
Per als recursos que tinguessin per objecte la impugnació de la validesa de l'elecció i la proclamació de diputats electes serà competent la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Territorial de Barcelona, fins que quedarà integrada en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també entendrà en els recursos o impugnacions que procedeixin contra els acords de les Juntes electorals provincials.
Contra les resolucions de l'esmentada Sala de l'Audiència Territorial no hi cabrà cap recurs.
5. En tot allò que no sigui previst en la present Disposició, seran d'aplicació les normes vigents per a les eleccions legislatives al Congrés dels Diputats de les Corts Generals.
Cinquena
1. Un cop proclamats els resultats de les eleccions, i en un termini màxim de vuit dies, el primer Parlament de Catalunya es constituirà amb una mesa d'edat integrada per un president i dos secretaris, i procedirà immediatament a elegir la mesa provisional. Aquesta es compondrà d'un president, dos vice-presidents i quatre secretaris.
2. En una segona sessió, que se celebrarà, com a màxim, deu dies després de l'acabament de la sessió constitutiva, el president del Parlament, havent consultat els portaveus designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, proposarà d'entre els membres del Parlament un candidat a President de la Generalitat i es procedirà, després d'un debat, a la votació.
3. Per ésser elegit President de la Generalitat el candidat haurà d'obtenir els vots de la majoria absoluta dels membres del Parlament. Aquesta elecció suposarà alhora l'aprovació del programa de govern i de la composició del Consell Executiu proposats pel candidat elegit.
4. Si no assoleix aquella majoria, el mateix candidat podrà sotmetre's a una segona votació quaranta-vuit hores després de l'anterior, en la qual també es requerirà la majoria absoluta per a ésser elegit President. Si tampoc no assolís la majoria absoluta en la segona votació, el mateix candidat podrà sotmetre's a una tercera votació quaranta-vuit hores després de l'anterior, i serà elegit President si obtingués el vot favorable de la majoria simple dels diputats.
5. Si després d'aquesta tercera votació el candidat no resulta elegit, haurà d'iniciar-se el procediment amb un altre candidat, designat en els mateixos termes de l'apartat 2 d'aquesta Disposició transitòria.
6. Si passats dos mesos des de la primera votació cap candidat no obté la confiança del Parlament, aquest quedarà dissolt i es convocaran noves eleccions en el termini de quinze dies.
7. Elegit el primer President de la Generalitat, l'organització d'aquesta s'acomodarà a allò que preveu aquest Estatut, i cessaran el President i els Consellers nomenats a l'empara del Reial Decret-llei 41/1977, de 29 de setembre.
Sisena
El traspàs dels serveis inherents a les competències que segons el present Estatut corresponen a la Generalitat es farà d'acord amb les bases següents:
1. Un cop constituït el Consell Executiu o Govern de la Generalitat, i en el termini màxim d'un mes serà nomenada una comissió mixta encarregada d'inventariar els béns i drets de l'Estat que hauran d'ésser objecte de traspàs a la Generalitat, de concretar els serveis i institucions que hauran d'ésser traspassats i de procedir a l'adaptació, si cal, dels que passaran a la competència de la Generalitat.
2. La Comissió Mixta estarà integrada paritàriament per vocals designats pel Govern i pel Consell de la Generalitat i ella mateixa establirà les seves normes de funcionament. Els acords de la Comissió Mixta prendran la forma de proposta al Govern, que les aprovarà mitjançant decret, i aquells acords figuraran com a annexos al decret i seran publicats simultàniament al Boletín Oficial del Estado i al Diari Oficial de la Generalitat, i adquiriran vigència a partir d'aquesta publicació.
3. La Comissió Mixta establirà els calendaris i terminis per al traspàs de cada servei. En tot cas, l'esmentada Comissió haurà de determinar en un termini de dos anys des de la data de la seva constitució el terme en el qual s'haurà de completar el traspàs de tots els serveis que corresponen a la Generalitat, d'acord amb aquest Estatut.
4. Serà títol suficient per a la inscripció en el Registre de la Propietat del traspàs de béns immobles de l'Estat a la Generalitat, la certificació per la Comissió Mixta dels acords governamentals degudament promulgats. Aquesta certificació haurà de contenir els requisits exigits per Llei Hipotecària.
El canvi de titularitat en els contractes d'arrendament de locals per a oficines públiques dels serveis que siguin transferits no donaran dret a l'arrendador a extingir o renovar el contracte.
5. Els funcionaris adscrits a serveis de titularitat estatal o altres institucions públiques que resultin afectats pels traspassos a la Generalitat passaran a dependre d'aquesta, i els seran respectats tots els drets de qualsevol ordre i naturalesa que els corresponguin en el moment del traspàs, àdhuc el de prendre part en els concursos de trasllat que convoqui l'Estat en igualtat de condicions amb els altres membres de llur cos, i d'aquesta manera podran exercir llur dret permanent d'opció.
Mentre la Generalitat no aprovarà el règim estatutari dels seus funcionaris, seran d'aplicació les disposicions de l'Estat vigents sobre la matèria.
6. La Generalitat assumirà amb caràcter definitiu i automàtic, i sense solució de continuïtat, els serveis que ja li hauran estat traspassats des del 29 de setembre de 1977 fins a la vigència del present Estatut. Quant a les competències el traspàs de les quals serà en curs d'execució se'n continuarà la tramitació d'acord amb els termes establerts al corresponent decret de traspàs. Tant en un cas com en l'altre, les transferències realitzades s'adaptaran, si calia, als termes d'aquest Estatut.
7. Les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona podran transferir o delegar en la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò establert en la legislació de Règim Local, aquells serveis que per llur pròpia naturalesa requereixin un planejament coordinat, i podran conservar l'execució i gestió d'aquests mateixos serveis.
8. La Comissió Mixta creada d'acord amb l'article 3 del Reial Decret de 30 de setembre de 1977 es considerarà dissolta quan es constituirà la Comissió Mixta esmentada a l'apartat 1 d'aquesta Disposició transitòria.
Setena
Les transferències que calgui fer en matèria d'ensenyament per a traspassar a la competència de la Generalitat els serveis i centres de l'Estat a Catalunya seran fetes d'acord amb els calendaris i programes que defineixi la Comissió Mixta.
Pel que es refereix a televisió, l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 16 d'aquest Estatut suposa que l'Estat atorgarà en règim de concessió a la Generalitat la utilització d'un tercer canal, de titularitat estatal, que cal crear específicament per a la seva emissió en el territori de Catalunya, en els termes que prevegi l'esmentada concessió.
Fins a la posada en funcionament efectiu d'aquest nou canal de televisió, Radiotelevisión Española (RTE) articularà a través de la seva organització a Catalunya un règim transitori de programació específica per al territori de Catalunya, que Televisió Espanyola emetrà per la segona cadena (UHF).
El cost de la programació específica de Televisió a la qual es refereix el paràgraf anterior s'entendrà com a base per a la determinació de la subvenció que podria ésser concedida a la Generalitat, durant els dos primers anys de funcionament del nou canal al qual es refereix aquesta Disposició transitòria.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que guardin i facin guardar la present Llei Orgànica.
Palau Reial, de Madrid, a divuit de desembre de mil nou-cents setanta-nou.
JUAN CARLOS R.
El President del Govern,
Adolfo Suárez González
